Ica. – La Contraloría General detectó que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga pagó una retribución económica sin sustento legal en beneficio de sus funcionarios y personal administrativo. Además, aceptó una deuda que le impuso el Seguro Social de Salud (EsSalud) sin verificar que no había incumplido con la aportación de sus trabajadores y desembolsó dinero a una proveedora por un servicio que no se prestó.
Tales hechos irregulares ocasionaron un perjuicio económico en la entidad que asciende a S/ 3 869 351.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 022-2024-2-0208-AC, la Ley N° 30879 que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 determinó que las universidades públicas están prohibidas de reajustar o incrementar las remuneraciones o beneficio de cualquier naturaleza.
No obstante, funcionarios y servidores de la entidad procedieron con la aprobación de una retribución económica y de su reglamento en beneficio de autoridades, directores generales, funcionarios y administrativos con buen rendimiento y productividad de la universidad. Estos pagos se realizaron de enero a diciembre (excepto julio) por un total de S/ 3 362 227.
Por otro lado, en el Informe de Control Específico N° 020-2024-2-0208-SCE se indicó que la universidad se acogió el 28 de abril del 2022 al Régimen General de Facilidades de Pago Para Deuda No Tributaria (REFADENT) interpuesto por Essalud, bajo el argumento de que incumplió con el pago total y oportuno de las aportaciones al régimen de la seguridad social correspondiente a los meses de febrero 2013 y enero 2014.
La comisión de control constató que la entidad sí cumplió con sus aportaciones en los meses en mención. Le correspondía a la entidad verificar, en su momento, que sí cumplió con sus obligaciones. Por el contrario, aceptó el fraccionamiento de la supuesta deuda, que, con los respectivos intereses, generó un perjuicio económico de S/ 467 624.
Por último, de acuerdo con el Informe de control Específico N°021-2024-2-0208-SCE, la entidad pagó a una proveedora por un servicio que consistía en contabilizar los bienes operativos en calidad de excedente de las facultades y sedes de la universidad, hacer un inventario, elaborar un informe técnico y actualizar los diferentes aplicativos de los sistemas patrimoniales de los años 2021 y 2022.
Se corroboró que dicha proveedora solo presentó un informe diferente a lo solicitado (reporte de equipos inoperativos) y que no existe documentación que acredite que visitó las facultades y sedes de la universidad. Pese a ello, se le dio la respectiva conformidad y se le pagó por un servicio que no prestó en enero del 2023. Dicha situación provocó un perjuicio económico de S/ 39 500.
Por estos casos irregulares, se identificó presunta responsabilidad civil (26), administrativa (10) y penal (2) en 29 funcionarios y servidores públicos.
El resultado de estos informes fue comunicado al titular de la entidad, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República y al Procurador Público Especializado en Delitos Contra la Corrupción para que se realicen el deslinde de responsabilidades y las acciones legales pertinentes.
