Promocionado como uno de los penales más modernos del país, el Megapenal de Ica yace en el abandono desde 2020, convertido en un símbolo de la paralización de obras públicas y la crítica sobrepoblación carcelaria que afecta al Perú. Iniciada en 2018 con una inversión inicial de 380 millones de soles, la infraestructura, ubicada en el distrito de Santiago, debió ser entregada hace cinco años.
El proyecto se encuentra paralizado por discrepancias contractuales entre el consorcio constructor y el Ministerio de Justicia. El resultado es un panorama desolador: materiales a la intemperie que se deterioran, ambientes sin terminar y la absoluta carencia de servicios básicos como luz, agua y desagüe.
Luis Vila Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Ica, confirmó que la paralización se debió a «problemas de orden contractual» y alertó sobre el severo perjuicio para la región. El estancamiento ha tenido un alto costo económico: la inversión requerida para culminar la obra se ha disparado de los S/ 380 millones iniciales a un estimado de S/ 640 millones.
Concebido para albergar a 3.168 internos, el megapenal era una pieza clave en la estrategia nacional para reducir el hacinamiento carcelario. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Perú enfrenta una crisis estructural: alberga a más de 100 mil reclusos en establecimientos con una capacidad diseñada para poco más de 40 mil.
Esfuerzos por reactivar la obra y promesas gubernamentales
En abril de 2025, el Ministerio de Justicia aprobó el expediente técnico de saldo de obra, un trámite esencial para desbloquear el proyecto. Actualmente, el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) coordina con el Ministerio de Economía y Proinversión la búsqueda de un mecanismo que permita retomar los trabajos.
En mayo de ese mismo año, el entonces ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, se comprometió públicamente: anunció que, una vez reiniciados los trabajos, el penal estaría concluido «en un plazo aproximado de dos años». En esa misma línea, informó sobre avances en los expedientes técnicos de proyectos similares en Arequipa y Pucallpa, que aportarían 920 y 1.300 plazas adicionales, respectivamente.
La cruda realidad en el terreno
A pesar de los anuncios, la realidad en el terreno es inmutable. La construcción permanece abandonada, sin señal alguna de actividad o reactivación inminente. Las autoridades locales insisten en que esta parálisis no solo representa un enorme desperdicio de recursos públicos, sino que agrava día a día la emergencia penitenciaria.
La culminación de esta obra crucial ahora depende exclusivamente de la capacidad de gestión del Ministerio de Justicia y de Proinversión para resolver los entrampes contractuales y concretar un nuevo contrato que devuelva la vida al que, por ahora, sigue siendo un gigante de concreto inconcluso y un recordatorio de una deuda pendiente con el sistema de justicia peruano.
