Una mujer civil de 43 años, madre de seis hijos, falleció en la sala de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital Central de la Policía, luego de someterse a una liposucción. Este incidente ha destapado serias irregularidades en la administración de dicho nosocomio, que, en principio, debería atender exclusivamente a policías y sus familias, salvo en casos de emergencia.
Según un informe publicado el domingo por Punto Final, la víctima no tenía vínculos oficiales con la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, se registró en el hospital bajo el nombre de conviviente del suboficial de primera Juan José Regalado, de 64 años, quien se retiró en 1994 y figura como casado con otra persona. Este hecho plantea interrogantes sobre la veracidad de la relación reportada y el acceso indebido a servicios médicos.
El incidente ocurrió a finales de julio cuando la paciente ingresó al cuarto piso del hospital, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, no para una cirugía reconstructiva de urgencia, sino para una intervención estética personalizada. La operación, que incluyó liposucción, lipoimplante y termolipo, fue financiada con recursos estatales, a pesar de que estos procedimientos estéticos no están destinados a emergencias médicas.
La investigación, conducida por la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ha revelado que el diagnóstico que permitió la atención de la paciente como urgencia fue presuntamente manipulado para justificar el procedimiento estético. Las inconsistencias en la documentación y los registros médicos han encendido alarmas sobre la posible corrupción y mal manejo en el hospital policial.
Este caso no solo expone deficiencias en la administración del Hospital Central de la Policía, sino también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la utilización de recursos públicos para fines no autorizados. La investigación sigue en curso, y se espera que arroje más detalles sobre las irregularidades y responsabilidades involucradas.
