El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Shayra Sandy Hernández Puza, investigada como presunta autora del delito de secuestro agravado en perjuicio de un bebé recién nacido, hecho que conmocionó a la región.
El grave incidente ocurrió en la madrugada del último 20 de noviembre al interior del Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud. Según las investigaciones, Hernández Puza, simulando ser una trabajadora del nosocomio y vistiendo un uniforme verde con mascarilla, ingresó a la habitación de la madre, Llanina Del Carmen Condori Pardo.
Mediante engaños, la imputada convenció a la madre para que le entregara al neonato de apenas dos días de vida, argumentando que necesitaba «cambiarle los pañales». Una vez con el menor en sus brazos, abandonó la zona de maternidad, cruzó las inmediaciones del hospital y abordó un taxi con rumbo al distrito de Parcona.
La denuncia inmediata de los familiares y una rápida actuación de la Policía Nacional del Perú permitieron localizar al bebé horas más tarde en la vivienda de la acusada. Tras su recuperación, el menor fue sometido a un chequeo médico inmediato por parte de EsSalud, el cual determinó que se encontraba en «buen estado de salud».
Audiencia y medida restrictiva
En la audiencia de control de la detención, llevada a cabo el sábado 22 de noviembre, el juez Jhiner Julián Najarro Laura escuchó los argumentos de la Fiscalía y la defensa. Tras evaluar los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, el magistrado decidió dictar la prisión preventiva por nueve meses contra Hernández Puza, considerando el grave delito que se le imputa y el peligro de fuga.
La ahora reclusa quedó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde permanecerá recluida hasta el 19 de agosto de 2026, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Posible condena perpetua
De ser hallada culpable, Shayra Hernández enfrenta una severa condena. De acuerdo con el inciso 1 del cuarto párrafo del artículo 152 del Código Penal, el delito de secuestro agravado, cuando la víctima es un menor de edad, puede ser sancionado con pena de cadena perpetua.
Frente a este caso, la Corte Superior de Justicia de Ica emitió un comunicado reafirmando su «compromiso de actuar con firmeza, celeridad y estricto respeto al marco legal» ante delitos que atentan contra la libertad y seguridad de los ciudadanos, en especial cuando las víctimas son menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
Mientras el sistema judicial sigue su curso, los padres del bebé intentan sobreponerse al trauma vivido durante lo que debieron ser las primeras y felices horas de haber convertido en padres, un momento que fue abruptamente truncado por un acto delictivo.
