Entre 2019 y 2024, las denuncias por extorsión en Ica aumentaron en 346%, pasando de 134 casos a 598, según cifras del Ministerio del Interior (Mininter). Este salto muestra cómo el delito ha ido ganando terreno de manera sostenida en la región. Y detrás de las estadísticas hay una realidad concreta: cada vez más comerciantes y emprendedores se ven obligados a destinar parte de sus ingresos al pago de cupos para evitar represalias de las mafias. Se trata de un dinero que en lugar de usarse para crecer, generar empleo o mejorar sus negocios, termina en manos de extorsionadores.
“El aumento de las extorsiones se evidencia en la vida diaria. Pensemos en un restaurante: sus dueños, en lugar de enfocarse en crecer, sienten temor de ser víctimas. Recursos que podrían destinarse a mejorar la carta, ampliar el local o contratar más personal terminan invertidos en cámaras de vigilancia, rejas, alarmas o seguridad privada. Ese dinero, que podría generar empleo y atraer clientes, se utiliza únicamente para protegerse del delito”, explicó Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Las cifras muestran la magnitud del problema: a junio de este año, en nuestra región se han registrado 382 denuncias por extorsión, lo que representa el 64% de todos los casos reportados en 2024. De mantenerse esta tendencia, el 2025 podría cerrar con un número mayor de denuncias que el año pasado. Este incremento refleja la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección en las zonas más afectadas.
Además, este clima de incertidumbre desalienta la inversión, limita la innovación y reduce la competitividad de los emprendimientos en la región. Cuando el entorno se percibe como riesgoso, muchos emprendedores optan por postergar la apertura de nuevos negocios, evitar expandirse o incluso reducir sus operaciones.
“Cuando la inseguridad se vuelve parte del entorno, muchos negocios cambian su forma de trabajar para reducir riesgos. Algunos deciden cerrar sus locales más temprano, lo que implica tener menos horas de trabajo; otros optan por abrir menos días, lo que significa vender menos; y en el peor de los casos, cierran definitivamente, lo que se traduce en pérdida de inversión y empleo para los trabajadores. Cada una de estas decisiones, termina afectando la productividad”, indicó el especialista.
Las extorsiones reflejan el avance de bandas criminales que recurren a métodos cada vez más agresivos para intimidar y controlar a la población. En este escenario, la labor policial se enfrenta a un fuerte desafío. El Mininter señaló que en Ica hay 158 policías por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional (387 agentes policiales). Esta brecha no solo implica menos presencia en las calles, sino también una menor cobertura en zonas periféricas, donde las mafias encuentran espacio para operar con mayor facilidad.
“Tener menos policías que el promedio nacional implica menor patrullaje y capacidad de respuesta, lo que abre espacio para que las bandas delincuenciales se expandan. Recordemos que lo más importante es cómo se usan los recursos, porque la clave es fortalecer la inteligencia criminal para anticipar movimientos e identificar patrones delictivos. Para ello se quiere mayor tecnología, agentes preparados y canales de denuncia confiables para la ciudadanía”, precisó el economista de REDES.
