El presidente Donald Trump firmó una nueva proclamación que impone severas limitaciones a la entrada de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos, alegando riesgos para la seguridad nacional. La medida coloca a Venezuela en una lista de siete países con restricciones migratorias parciales, junto a naciones como Cuba, Turkmenistán y Sierra Leona.
Las razones detrás de la decisión
El documento presidencial señala que Venezuela presenta «deficiencias significativas» en su sistema de identificación y documentación, además de una falta de cooperación con las autoridades estadounidenses. Entre los principales argumentos destacan:
Fallas en la emisión de pasaportes: El gobierno venezolano no cuenta con «una autoridad central competente ni cooperativa» para garantizar documentos confiables.
Ausencia de controles de seguridad: No existen mecanismos rigurosos para verificar antecedentes al emitir visas.
Rechazo a repatriaciones: Históricamente, Venezuela se ha negado a recibir a ciudadanos en situación migratoria irregular en EE.UU.
Alto índice de sobrestays: Según el último Overstay Report, casi el 10% de los venezolanos con visa de turismo (B-1/B-2) no salieron del país dentro del plazo permitido.
¿Qué visas quedaron suspendidas?
La medida no aplica de forma uniforme, pero restringe severamente las categorías que permiten estadías prolongadas o múltiples entradas. Los venezolanos ya no podrán ingresar a EE.UU. bajo las siguientes visas:
B-1 (negocios)
B-2 (turismo/tratamientos médicos)
B-1/B-2 (combinada)
F (estudios académicos)
M (estudios vocacionales)
J (intercambio, incluyendo au pairs y pasantías)
Residencia permanente (inmigrantes)
Además, el Departamento de Estado recibió instrucciones de reducir la validez de cualquier otra visa aprobada excepcionalmente para venezolanos, imponiendo plazos más cortos y requisitos adicionales.
Contexto y reacciones
Esta decisión se enmarca en la política de «tolerancia cero» de Trump hacia gobiernos considerados no colaborativos, especialmente aquellos con crisis institucionales. Sin embargo, organizaciones de derechos migrantes ya han calificado la medida como «desproporcionada», argumentando que perjudica a familias y estudiantes.
