En una audiencia judicial crucial previa a la lectura de su sentencia por el presunto delito de rebelión, programada para el 26 de noviembre, el expresidente Pedro Castillo lanzó una grave acusación contra la expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva.
Desde el estrado, Castillo afirmó que la congresista le condicionó su apoyo político para que pudiera culminar su mandato hasta 2026 a la entrega de dos ministerios. Según su testimonio, este intercambio habría ocurrido durante un viaje en helicóptero a la ‘Ciudad del Bicentenario’ en Ancón.
«Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026», habría sido, según Castillo, la solicitud explícita de Alva. El exmandatario relató que, inicialmente, creyó que se trataba de una broma y que intentó cambiar de tema preguntando: «¿Cuándo iremos a Contumazá?». No obstante, asegura que la congresista fue insistente: «Me vas a dar o no me vas a dar. Tienes que compartir el Gobierno».
Castillo señaló que su negativa a acceder a este supuesto trato fue uno de los motivos que condujeron a su vacancia y a la ascensión de Dina Boluarte a la presidencia. «Yo no me sometí a eso», declaró de manera enfática.
La acusación se tornó más específica cuando el expresidente agregó que, al ver que no obtendría los ministerios, Alva concluyó la conversación con otra petición: «Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no me toques a los agroexportadores de Ica porque ahí trabaja mi marido».
La contundente desmentida y la acción legal
Frente a estas declaraciones, la congresista Maricarmen Alva negó categóricamente que dicha conversación hubiera tenido lugar. A través de su cuenta en la red social X, calificó la acusación de «canallada» y anunció que ha iniciado una querella por difamación contra Pedro Castillo.
«Jamás hubo tal conversación. Yo jamás negocié ni tuve trato alguno con quien atentó contra el país. Siempre fui considerada enemiga porque defendí la democracia desde el primer día. Su mentira es desesperación pura», afirmó la legisladora en su mensaje.
El trasfondo judicial: Rebelión y corrupción
La audiencia donde Castillo realizó estas declaraciones forma parte del proceso judicial por el presunto delito de rebelión, que se le imputa tras el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. En aquella alocución, el entonces mandatario anunció la disolución inconstitucional del Congreso, la instauración de un «gobierno de excepción» y la intervención de diversas instituciones del Estado. Para la Fiscalía, estos actos configuraron un intento de autogolpe de Estado, por lo que también se le acusa de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Más allá de este proceso por la crisis institucional, el expresidente enfrenta otras investigaciones por presuntos actos de corrupción durante sus 18 meses de gobierno. La Fiscalía sostiene que Castillo lideró una organización criminal enquistada en el Estado.
Estas indagatorias abarcan delitos como tráfico de influencias y colusión agravada en casos como la licitación del Puente Tarata III, las supuestas irregularidades en la compra de biodiésel en Petroperú, y presuntos favores en ascensos militares y policiales.
Si bien el juicio oral actual se centra en el cargo de rebelión, una sentencia en este caso allanaría el camino para que el expresidente enfrente posteriormente los procesos por corrupción, que también involucran a su entorno familiar, exministros y colaboradores cercanos.
