La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) ha rechazado enérgicamente la reciente orden de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de dejar sin efecto la resolución que prohíbe las clases universitarias virtuales. En un comunicado emitido este miércoles, la Sunedu afirma que no retrocederá en la medida ya impuesta, señalando que la intervención de la PCM constituye una injerencia ilegal en sus funciones y atribuciones.
La PCM había ordenado a la Sunedu derogar la norma en un plazo de cinco días hábiles, pero la entidad educativa sostiene que es una autoridad administrativa autónoma al Poder Ejecutivo y que la PCM incurre en «injerencia» e «ilegalidad».
En su comunicado, la Sunedu informa que tomará acciones legales correspondientes contra esta solicitud de la PCM, argumentando que el pronunciamiento de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM viola sus funciones y atribuciones establecidas por ley.
El Consejo Directivo de la Sunedu, en unanimidad, ha acordado interponer acciones legales mediante el procedimiento recursivo correspondiente, alegando que el acto administrativo de la PCM incurre manifiestamente en ilegalidad y viola sus funciones y atribuciones.
La institución recalca su autonomía como un ente autónomo con naturaleza jurídica de derecho público interno y pliego presupuestal, desarrollando sus funciones con independencia funcional y autonomía respecto al Poder Ejecutivo.
La Sunedu también hace hincapié en que no retrocederá en dictar disposiciones normativas para salvaguardar las condiciones básicas de calidad en la educación universitaria. Los dispositivos cuestionados por la PCM siguen vigentes y serán supervisados por el órgano correspondiente de la Sunedu.
Este enfrentamiento surge días después de que Carlos Mesía, jefe de Asesoría Jurídica de la Sunedu, aclarara que «la virtualidad no ha desaparecido», destacando que las clases virtuales deben tener un componente de presencialidad, conforme a una resolución emitida en noviembre pasado. Mesía explicó que la presencialidad requerida había aumentado del 10 % al 20 % desde el inicio de la pandemia.
