El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado una ley que oficializa la salida del país del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, un tratado que fue firmado en 1996 y ratificado en 1998. Este documento internacional busca proteger a las personas privadas de libertad y permitir la realización de inspecciones internacionales en centros de detención.
La decisión de Rusia se produce en un contexto de tensiones internacionales, luego de la expulsión del país del Consejo de Europa en marzo de 2022, debido a la invasión de Ucrania. Desde entonces, diversas organizaciones han acusado a Rusia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo la tortura de prisioneros de guerra ucranianos.
Según argumentó el Kremlin, la salida del convenio se justifica por el bloqueo que, desde 2023, ha impuesto el Consejo de Europa a la participación de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Este bloqueo ha impedido que inspectores rusos formen parte de dicho organismo, lo que limita la supervisión de los centros de detención en el país. Al retirarse, Rusia busca también evitar el acceso de inspectores internacionales a sus prisiones, lo que significa que el Comité Europeo dejará de procesar quejas de presos rusos.
La reacción ante esta medida ha sido negativa, tanto de expertos como de organizaciones internacionales y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, quienes la han calificado como un reconocimiento implícito de la práctica sistemática de tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos dentro de Rusia.
A pesar de este paso, Rusia continuará sendo parte de la Convención de la ONU contra la Tortura de 1985, que también obliga a sancionar la tortura. Sin embargo, esta retirada del convenio europeo señala un preocupante alejamiento de Moscú de los estándares internacionales de derechos humanos y de la supervisión externa.
Esta decisión refuerza el creciente aislamiento de Rusia respecto a los mecanismos internacionales que buscan proteger los derechos de los detenidos y mejorar las condiciones en los centros de privación de libertad.
Fuente: Diario Gestión
