El nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, asume el cargo enfrentando dos grandes desafíos: impulsar grandes proyectos mineros y resolver la crisis de informalidad e ilegalidad generada tras más de una década de gestión fallida del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Desde su creación hace 12 años, el REINFO no logró formalizar a los pequeños productores y, por el contrario, facilitó el aumento de actividades informales e ilegales en el sector. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre 2015 y 2019, el 70% de las exportaciones de oro peruanas provinieron de canales ilegales. Este problema persiste: en 2023, se exportaron 77 toneladas de oro ilegal, representando el 44% de las exportaciones de oro en el país.
El mandato de Montero inicia en un escenario complicado. La gestión de su predecesor, Rómulo Mucho, culminó de manera controvertida tras la presentación tardía de la Ley MAPE, y la reciente ampliación del REINFO no ha reducido las tensiones entre actores legales e ilegales. Empresas mineras formales, mineros en proceso de formalización y mafias ilegales continúan en conflicto, lo que exige soluciones inmediatas.
En respuesta, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) ha propuesto la Ley TIMAF, una iniciativa que busca formalizar a los mineros ancestrales y artesanales mediante un proceso ágil y transparente. La propuesta establece requisitos claros para que los mineros obtengan títulos habilitantes del MINEM, dejando atrás regímenes temporales como el REINFO, que han sido aprovechados por redes ilegales.
José Ignacio Beteta, presidente de la ACP, señala que esta ley busca un equilibrio entre los concesionarios y los productores mineros ancestrales, quienes muchas veces conviven en un clima de tensión. “La realidad no se evade, se acepta y se construye sobre ella. Esta propuesta permite que ambas partes coexistan de manera pacífica y ordenada, buscando un desarrollo sostenible para el sector”, afirma Beteta.
El reto de formalizar la minería en Perú no solo radica en crear leyes adecuadas, sino en implementar mecanismos que permitan su cumplimiento efectivo. Montero tiene ante sí la oportunidad de marcar un hito en la historia del sector minero, fortaleciendo la legalidad y fomentando las inversiones en un sector vital para la economía nacional.
