El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, ha renunciado tras 24 horas de intensas protestas que resultaron en al menos 19 muertes y cientos de heridos. Las manifestaciones estallaron en respuesta a la prohibición de 26 sitios de redes sociales, incluyendo Facebook, YouTube y X, una medida que pretendía requerir el registro local de estas plataformas. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y se convirtió en un estallido de descontento generalizado en el país.
Los enfrentamientos comenzaron cuando la policía recurrió a la violencia para dispersar a los manifestantes, usando munición real y gas lacrimógeno. Este uso desmedido de la fuerza generó una de las oleadas de violencia más graves en Nepal en años recientes. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes de la generación Z, quienes emplearon las redes sociales para organizarse y expresar su frustración no solo por la restricción de internet, sino también por la corrupción y el nepotismo endémicos en el gobierno.
Tras la dimisión de Oli, miles de manifestantes tomaron el Parlamento en Katmandú, provocando la destrucción del edificio principal e incluso atacando las residencias de varios políticos, incluida la del ex primer ministro. En su declaración, Oli justificó su renuncia como un esfuerzo para facilitar soluciones políticas y anunció la creación de un comité que investigará los hechos ocurridos, así como planes para compensar a las familias de las víctimas y ofrecer atención médica gratuita a los heridos.
Como medida para apaciguar el creciente descontento, el gobierno decidió revocar la prohibición de las redes sociales. Esta protesta no solo es un reflejo de la indignación popular contra el autoritarismo del gobierno, sino también un indicador de la importancia de las plataformas digitales en la movilización ciudadana. La violencia desatada ha llamado la atención de la comunidad internacional, incluyendo a la ONU, que ha expresado su preocupación por la escalada de la represión y ha instado al respeto de los derechos humanos.
Las repercusiones de estos eventos seguirán en el centro del debate político y social en Nepal, donde se cuestiona la capacidad del gobierno para abordar las demandas de la población y restaurar la confianza en las instituciones.
Fuente: La República
