El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP, Luis Diez Canseco, explica las consecuencias legales y económicas para negocios que operan con programas “pirata”.
En un contexto en el que la digitalización es un requisito para los negocios, el uso de software sin licencia sigue siendo una práctica riesgosa para muchas empresas en Perú. Según Luis Diez Canseco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), esta actividad es recurrente y, en los últimos años, el número de inspecciones a cargo de las autoridades ha ido en aumento.
Esta infracción no solo acarrea sanciones administrativas, sino también penales y civiles, con multas cuantiosas e incluso penas de prisión, de acuerdo con el experto. Diez Canseco detalla que el uso ilegal de software constituye una violación a los derechos de propiedad intelectual, lo que puede derivar en:
• Multas administrativas. Son impuestas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y pueden llegar hasta las 180 UIT (aproximadamente S/ 990,000).
• Demandas civiles. Las empresas afectadas pueden presentar demandas para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, las cuales suelen superar ampliamente el costo de las licencias originales.
• Procesos penales. Es el riesgo más grave, pues supone hasta 8 años de cárcel si se demuestra que el uso ilegal de software fue intencional.
“Además, tanto Indecopi como la Fiscalía pueden ordenar medidas cautelares, como la suspensión de actividades, decomiso de equipos o el cierre temporal o definitivo del local en casos reincidentes”, expresa el decano de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP.
Empresas bajo la lupa
El experto advierte que las inspecciones por piratería de software se realizan debido a denuncias anónimas y operativos aleatorios de Indecopi. Los sectores en los que se ha registrado mayor número de fiscalizaciones son los de diseño, construcción, educación y tecnología, según el especialista en propiedad intelectual.
«Las pymes no están exentas. Indecopi no distingue por tamaño de empresa, y hoy existen campañas enfocadas en estos negocios, que suelen ser más vulnerables por los costos asociados a las licencias legales», señala Diez Canseco.
Una denuncia por piratería de software puede generar multas cercanas a las 180 UIT, sin contar gastos legales o las pérdidas por paralización de operaciones, de acuerdo con Diez Canseco. Empresas como Adobe, Microsoft o AutoCAD suelen ser las más activas en proteger sus derechos.
La responsabilidad recae principalmente en los representantes legales del negocio (directorio), pero, incluso, los colaboradores que conocen sobre la irregularidad “podrían ser sancionados al ser hallados responsables solidarios al perpetuar la conducta infractora a costa de la vulneración de los derechos de autor de un tercero”, precisa.
En ese sentido, Diez Canseco comenta que los colaboradores tienen derecho a reportar a su empleador si son obligados a usar herramientas pirata. «Es una infracción contra la propiedad intelectual y atenta contra la normativa general de trabajo en un ambiente con condiciones inapropiadas», explica el decano.
Cómo regularizar el software de una empresa
Para evitar sanciones, Diez Canseco recomienda, como primer paso, realizar un inventario detallado de todos los programas instalados en los equipos de la compañía, identificando cuáles son esenciales para las operaciones y cuáles tienen un uso ocasional. Además, sugiere conservar facturas o licencias originales (y sus renovaciones) y, finalmente, implementar auditorías periódicas para detectar programas no autorizados y capacitaciones para que los colaboradores comprendan los riesgos del uso de un software pirata. “La legalización de programas es una necesidad urgente para operar con seguridad jurídica”, concluye.
