Una reciente encuesta realizada por CPI ha revelado que la mayoría de peruanos consideran que Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia, presenta un desempeño «muy ineficiente o ineficiente». Los resultados indican que el 58.1 % de la población comparte esta opinión, una cifra que se eleva notablemente al 68.9 % en la región de Lima-Callao. Solo un 3.2 % de los encuestados estima que su gestión es eficiente, mientras que el 13.5 % lo califica como medianamente eficiente. Un 25.1 % no supo opinar al respecto.
Su nombramiento como ministro de Justicia se produjo tras su censura como ministro del Interior, una decisión influenciada por cuestiones de falta de resultados y diversas controversias. Dentro de estas, se encuentran acusaciones que lo vinculan con audios en los que se sugiere que habría otorgado favores a un expolicía conocido como ‘El Diablo’. Trascendió que, pese a las serias críticas que enfrenta, la defensa de Santiváñez insiste en que no existen pruebas concluyentes que lo incriminen y cuestionan la veracidad de las grabaciones que se han divulgado.
El impacto negativo sobre su imagen es significativamente más fuerte en la capital, Lima-Callao, en comparación con las demás regiones del país. Este contexto invita a reflexionar sobre la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y, más específicamente, en el sistema de justicia del país.
Lamentablemente, esta situación no es nueva en la política peruana, donde la percepción de ineficiencia en distintos ministerios ha generado una creciente desconfianza en la capacidad de los funcionarios para conducir el rumbo adecuado del país. La opinión pública se presenta como un termómetro que refleja el malestar de los ciudadanos frente a un sistema que, según consideran, no satisface sus expectativas en materia de gobernanza y justicia.
Los resultados de esta encuesta destacan la necesidad urgente de que las autoridades reflexionen sobre su desempeño y la forma en que son percibidos por la ciudadanía, especialmente en momentos en que la estabilidad política y la confianza en las instituciones se convierten en aspectos cruciales para el desarrollo del país.
Esta opinión popular, que encuentra eco en las cifras, pone de manifiesto que las expectativas sobre la gestión ministerial deben ser atendidas y que es crucial mejorar la comunicación y la respuesta a las inquietudes de la población.
En un país que ha vivido constantes crisis políticas, las evaluaciones como las realizadas por CPI servirán de guía para entender la dirección que deberán tomar las próximas acciones del Gobierno respecto a sus funcionarios.
Fuente: RPP
