El ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Juan José Santiváñez, anunció recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el país continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esta decisión se produce tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró inaplicable la Ley de Amnistía, cuyo objetivo era otorgar beneficios a aquellos procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000.
Durante su intervención, Santiváñez defendió la Ley de Amnistía, argumentando en favor del principio de separación de poderes y la necesidad de adoptar medidas para combatir el terrorismo, que ha afectado la democracia en Perú a lo largo de los años. Sin embargo, la declaración de la Corte IDH refuerza el deber del Estado de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, lo que complica la postura del Gobierno peruano.
A pesar de la tensión generada por esta situación, el Gobierno de Perú ha manifestado su compromiso de seguir cooperando con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para fortalecer los derechos humanos en el país. En este sentido, se enfatizó la importancia de respetar los principios de soberanía y autodeterminación nacional, sugiriendo que las decisiones sobre políticas internas deben ser tomadas sin interferencias externas.
El viaje del ministro Santiváñez a Ginebra para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos fue autorizado temporalmente por el Poder Judicial, a pesar de que existe una medida judicial en su contra por una investigación vinculada al presunto tráfico de influencias. Esta autorización se justificó en base al interés público y a la relevancia de la representación peruana en temas internacionales relacionados con derechos humanos.
En síntesis, el Perú se encuentra en una fase crítica de reflexión sobre su permanencia en el SIDH. Este análisis se desarrolla en un contexto de disyuntivas entre las normativas internas, como la Ley de Amnistía, y las resoluciones de la Corte IDH. El país sigue comprometido con la cooperación internacional y la defensa de su soberanía en el diálogo con las Naciones Unidas, lo que resalta la complejidad de la situación actual.
Fuente: La Republica
