La reciente tragedia en el servicio de transporte público ha sacudido a la comunidad luego del asesinato de Michel Hurtado Serna, un conductor de 44 años que dedicó 25 de su vida laboral a la empresa Santa Catalina. Este hecho, ocurrido en Villa El Salvador, ha llevado a la empresa a paralizar sus operaciones desde el 12 hasta el 13 de marzo.
Hurtado, padre de familia y natural de Andahuaylas, fue víctima de un ataque armado que se suma a una ola de violencia que azota a los choferes del sector. Sus compañeros de trabajo lamentan su pérdida y exigen medidas que garanticen su seguridad, manifestando que, además del riesgo a sus vidas, cada conductor se ve obligado a pagar entre S/20 y S/30 diarios a extorsionadores, sin obtener respuestas claras de sus empleadores sobre este cobro.
La situación es crítica; antecedentes recientes demuestran que en 2025 al menos tres choferes fueron baleados, marcando un patrón alarmante que pone en peligro a quienes trabajan en el sector. Los conductores han decidido no salir a trabajar ante el temor por su seguridad, convirtiendo esta alerta en un llamado a la acción para las autoridades.
En un entorno donde la entrega de servicios básicos es constantemente interrumpida, como el corte de agua anunciado por Sedapal en varios distritos de Lima, los gremios de transporte también plantean la posibilidad de un paro nacional, enfatizando así la relación entre la crisis de seguridad y los derechos laborales en el país. Los trabajadores del transporte público requieren urgentemente atención, apoyo y soluciones a su situación actual.
Fuente: Larepublica.pe
