Con la promulgación de la ley que permite el octavo retiro extraordinario de hasta S/ 21,400 de los fondos de las AFP, el Gobierno de Dina Boluarte activa una medida de liquidez inmediata para miles de peruanos, mientras se aviva el debate sobre la crisis estructural del sistema de pensiones y sus riesgos para la seguridad social del país.
Esta práctica, iniciada en 2020 como un salvavidas ante la pandemia, se ha convertido en un «paliativo populista» que, según advierten los expertos, erosiona la esencia del sistema de capitalización individual y genera una alarmante deuda intergeneracional.
Las advertencias de un problema mayor
Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ha sido enfático: el retiro está «matando» el sistema de jubilación. Su alerta más cruda apunta a un futuro donde una población anciana carecerá de fondos, obligándola a trabajar «hasta los 70 y tantos años». Además, señaló un efecto inmediato: la drástica reducción de financiamiento de largo plazo para bonos públicos y privados, ya que las AFP eran los principales compradores.
El descontento ciudadano: la raíz del problema
Sin embargo, la persistencia de estos retiros no hace más que reflejar una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema privado. La queja es generalizada: para un sector amplio, especialmente quienes ganan un salario mínimo (S/ 1,130), los fondos en las AFP no garantizan una «pensión digna». Aunque la nueva reforma establece una pensión mínima de S/ 600 tras 20 años de aporte, especialistas cuestionan si este monto será suficiente ante la inflación y el alza de precios de la canasta básica en el futuro.
Análisis expertos: «Pan para hoy, hambre para mañana»
En un análisis realizado en Enfoque de los Sábados de RPP, economistas desglosaron las implicancias del octavo retiro.
Jaime Reusche (Moody’s): Advirtió que los trabajadores de menores ingresos ya están sin fondos. Los retiros recientes benefician principalmente a quienes tienen mayores recursos, quienes destinan esos ahorros al extranjero o inversiones que no dinamizan la economía local a corto plazo. Esto, a su vez, incrementa el costo de financiamiento del gobierno, restándole recursos para seguridad, educación e infraestructura.
Enrique Castellanos (UP): Calificó la medida con la frase «pan para hoy, hambre para mañana». Criticó la falta de análisis técnico y atribuyó la pérdida de legitimidad del sistema al deterioro de la confianza en las instituciones. Propuso ampliar la competencia para mitigar la visión de las AFP como un «oligopolio», pero reconoció que la inestabilidad política ahuyenta a nuevos inversionistas.
Alejandro Indacochea (Economista): Señaló que las AFP no supieron ganarse a la opinión pública. Un punto clave de descontento es el cobro de comisiones «por saldo» incluso cuando los fondos generan pérdidas. «Si yo ganaba, con gusto pagaba la comisión. Pero si perdía, debió haber una comisión mínima», afirmó. Coincidió en que cualquier reforma sustancial debe esperar a después de las elecciones de 2026.
Propuestas sobre la mesa: ¿Hacia dónde debe ir el sistema?
Frente a la crisis, los especialistas plantearon soluciones que trascienden los retiros puntuales:
Cuentas pensionarias intangibles en bancos: Castellanos propuso que los bancos ofrezcan un depósito pensionario similar a la CTS, intangible hasta la jubilación, dando más opciones al usuario además de la ONP o las AFP.
Educación financiera y cultura del ahorro: Víctor Montoya, exjefe de la ONP, recalcó la urgencia de fomentar el conocimiento en inversiones y la previsión no solo para la vejez, sino para contingencias como la invalidez.
Un debate post-electoral sereno: Existe consenso en que se necesita una reforma de fondo, pero debe construirse con calma después de los comicios de 2026, lejos de la coyuntura política, y sin «vender ilusiones» a la población.
