En medio de un clima de creciente preocupación y desaprobación, diversos gremios empresariales han alzado su voz contra el accionar del Poder Legislativo peruano, especialmente en lo concerniente a las recientes leyes que afectan el combate contra el crimen organizado.
Una declaración conjunta, encabezada por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y respaldada por el sindicato de construcción civil, ha criticado duramente las decisiones parlamentarias recientes. Entre estas, destaca la aprobación en primera votación de una norma que modifica la ley contra el crimen organizado, reduciendo significativamente el número de delitos tipificados como tales.
Según Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, esta medida representa un «retroceso de trece años» en la lucha contra las bandas criminales que operan en el país. Valdivia advierte que limitar la acción de las bandas a ciertos delitos específicos ignorando otros como el tráfico de tierras podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad pública y el desarrollo económico.
El malestar no se limita al sector constructor. La reciente encuesta de la revista Semana Económica entre gerentes generales reveló que un contundente 87% desaprueba la gestión de la presidenta, Dina Boluarte, marcando un notable incremento respecto al 71% registrado el año anterior. Este resultado refleja un creciente descontento empresarial con el rumbo político y legislativo del país.
Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, añade que el Ejecutivo y el Congreso parecen estar desconectados de las necesidades reales del sector empresarial, acusando a ambos poderes de una falta de empatía y de acción proactiva en temas cruciales para el desarrollo económico.
Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, ha sido claro al calificar la legislación reciente como un «tremendo retroceso», subrayando que tales decisiones podrían indicar una falta de compromiso real en la lucha contra actividades ilícitas que afectan profundamente la estabilidad del país.
La crítica no es meramente local. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha expresado su preocupación por estas medidas, recordando al Perú la importancia de mantener estándares internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente en un momento crucial en que el país busca integrarse a esta organización.
Los pequeños y medianos empresarios también tienen algo por decir. Para Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, el Ejecutivo y la gran mayoría del Congreso “conviven”. Consideró que el de Boluarte es un “Gobierno débil, reactivo, que no propone absolutamente nada”.
El descontento de las mypes frente al Ejecutivo es muy grande, de acuerdo con Hermoza. En ese sentido, recordó que el año pasado 233 mil mypes tuvieron que cerrar y se dieron de baja en la SUNAT, lo que denominó como un “genocidio empresarial”.
Además, Hermoza lamentó que en vez de estar legislando para protegerse entre ellos mismos -en alusión a las normas como la que atañe al crimen organizado- los parlamentarios no se preocupen más bien por el desarrollo económico.
“En resumen, Legislativo y Ejecutivo están desconectados con lo que necesita el Perú. Hay poca empatía de parte de los funcionarios y ministros con lo que pasa”, agregó.
Cabe señalar que, en una entrevista concedida a Canal N, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, sostuvo que la ley de organizaciones criminales “es un tremendo retroceso”.
“Hemos visto en el pasado a congresistas que pertenecían a bandas de narcotráfico (…) La minería ilegal mueve cerca de seis mil millones de dólares, el narcotráfico, el sicariato, ¿por qué el congreso retrocede en lugar de luchar contra las organizaciones criminales? Solo puedo pensar porque son parte del problema”, comentó.
Las decisiones legislativas que entorpecen directamente a la lucha contra el crimen vienen dándose desde hace meses. Puede mencionarse aquella aprobada por insistencia por el Pleno y que debilita la figura de la colaboración eficaz. El periodista Paolo Benza publicó en sus redes sociales una carta enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se le advertía al Perú sobre la inconveniencia de la norma. El Perú busca ser admitido en este club de países.
Con información de La República
