Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en Caraz y la Fiscalía investiga el caso como presunto sicariato. Sin embargo, su muerte aparece como “no se conoce” o “ignorada” en SINADEF. Expertos cuestionan que el Estado trabaje con registros distintos y sin una trazabilidad clara sobre cómo se consolida la cifra oficial de homicidios.
Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, fue asesinada a balazos el sábado durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz. La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash recibió impactos de proyectil de arma de fuego y falleció a consecuencia de las lesiones. El ataque dejó, además, a cinco personas heridas.
La Fiscalía recalificó el caso como presunto sicariato y ya se realizaron diligencias para determinar quién ejecutó y quién habría ordenado el crimen.
Sin embargo, al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), el caso aparece registrado con el tipo de muerte “NO SE CONOCE/IGNORADO”. Pese a que la necropsia identifica lesiones compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego, el registro no consigna la causa externa como tal.
El analista de datos Juan Carbajal alertó sobre esta inconsistencia y señaló que, mientras permanezca bajo esa categoría, el fallecimiento no se incorpora al conteo de homicidios cuando se consulta la base filtrando específicamente por ese tipo de muerte. ‘‘Lo que no se mide, no se combate; borrar el rastro de la violencia armada en los sistemas del Estado maquilla la gestión de las autoridades y nos condena a vivir bajo una amenaza que el Gobierno se niega a reconocer en el papel’’, indicó en su reporte en su cuenta de X.
Para Carbajal, este caso constituye “una evidencia más del subregistro de homicidios en el Perú”. Según sostuvo, situaciones similares existen desde la creación de SINADEF, en 2017, y las inconsistencias las viene advirtiendo públicamente desde 2024. “Ocurre una situación similar con una gran cantidad de subregistros lo cual hace que se vea diezmado los registros”, afirmó Carbajal a este medio.
El analista plantea que una manera de corregir el problema sería cruzar la información de SINADEF, mediante el DNI de los fallecidos, con los registros del Ministerio Público. Según explicó, esto permitiría identificar casos que permanecen clasificados como “ignorados” y determinar si posteriormente correspondía clasificarlos como homicidios. No obstante, precisó que la información fiscal no es de acceso abierto para realizar ese análisis.
Estadísticas de homicidios
El punto tiene, sin embargo, una precisión técnica. Nicolás Zevallos, especialista en seguridad, advierte que SINADEF no fue creado para determinar cuántos homicidios ocurren en el país. “SINADEF no es un sistema pensado para esos fines. Es un registro sanitario. El homicidio es un hecho que requiere calificación jurídica”, explicó.
Su cuestionamiento apunta a un problema mayor: qué fuente debe utilizarse para conocer la cifra oficial. Según explicó, el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es la instancia que debería concentrar esa información y publicar los resultados consolidados. ‘‘Ahí debe concentrarse la presión’’, dijo Zevallos.
El INEI, que preside el CEIC, publicó en junio el informe oficial sobre muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos para 2022-2024. En enero de este año, además, el CEIC presentó su informe de evolución de la tasa de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana 2022-2025. La cifra oficial estimada para 2025 fue de 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. El INEI ha precisado que el CEIC es el instrumento oficial de seguimiento estadístico de las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos.
“El Estado discute sus propios números”
El politólogo Andy Philipps considera que la discusión no debería limitarse a SINADEF. “Esto no es solamente un problema de SINADEF, es un problema del Estado peruano que lleva produciendo cifras de homicidios desde sistemas y metodologías distintas”, sostuvo.
Para Philipps, el problema es que el Estado termina “discutiendo sus propios números” cuando debería utilizarlos para diseñar y evaluar políticas de seguridad. “¿Cómo podemos saber si una política de seguridad funciona si ni siquiera tenemos una línea base confiable sobre el problema que pretende resolver?”, cuestionó.
El planteamiento cobra relevancia porque el propio Gobierno señala que la seguridad debe medirse mediante evidencia. El CEIC fue reactivado precisamente para producir cifras oficiales y estandarizadas con participación del INEI, Mininter, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, Minsa y otras entidades.
¿Responsabilidades?
La República consultó al Minsa quién determina o actualiza el campo correspondiente al tipo de muerte cuando existen indicios de un homicidio. La respuesta fue que el sector se ocupa de los fallecidos desde el ámbito sanitario y que “el tema de homicidios lo ve directamente Interior”.
La PNP fue consultada sobre el mismo punto y respondió que eso compete al Mininter. Al cierre de esta nota, el Ministerio del Interior no había respondido quién es responsable de conciliar la información entre los distintos registros ni cuál es el procedimiento para que una muerte inicialmente consignada como “ignorada” sea incorporada, cuando corresponda, a la estadística oficial de homicidios.
Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, esta falta de claridad evidencia un problema de confiabilidad estadística. “Esto es una comprobación de que las estadísticas de la Policía no son confiables”, afirmó, y sostuvo que las discrepancias ya han sido señaladas por el Observatorio de Crimen y Violencia. Según su criterio, el reto recaería en la capacidad de evaluar la respuesta del Estado frente al crimen.
Valdés pidió al nuevo comandante general de la PNP, Fredy López, ‘‘colocar la transparencia como eje central de su política’’ y establecer indicadores que permitan saber cómo evolucionan los hechos delictivos. “Le conviene establecer indicadores y decirle a la ciudadanía dónde piensa reducir homicidios, dónde piensa reducir sicariatos, dónde piensa reducir extorsiones”, afirmó.
El exviceministro también cuestionó que la información policial que antes podía ser consultada ahora sea considerada reservada. Mencionó, entre otros ejemplos, datos sobre vehículos policiales, comisarías y distribución del personal. A su juicio, publicar información verificable permitiría contrastar los resultados de la estrategia policial con la evolución real de la criminalidad y evitar que el número de operativos o capturas sea utilizado como único indicador de desempeño.
Un problema que ya había sido advertido en SINADEF
El caso de Aponte Polo ocurre en medio de cuestionamientos previos sobre la clasificación de muertes violentas en el SINADEF. Carbajal ha identificado en reiteradas ocasiones registros de personas fallecidas por proyectil de arma de fuego (PAF) que, pese a la evidencia consignada en las causas de muerte, permanecen bajo la categoría “ignorada” o “no se conoce”.
Según una revisión difundida por el analista, en 2026 ya se habían identificado 171 muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas/no se conoce”. Para el periodo 2017-2026, la cifra acumulada que reportó alcanza 2.468 registros bajo esa condición. Estos datos corresponden a su revisión de la base de SINADEF y deben entenderse como registros pendientes de clasificación o actualización, no necesariamente como homicidios definitivamente omitidos.
El problema no es nuevo. La República ya reportó que, durante 2025, más de 300 muertes violentas ocasionadas por PAF figuraban como “ignoradas” dentro de SINADEF, según la revisión de Carbajal. El especialista explicó que una actualización o sinceramiento posterior de esos registros podría modificar las cifras oficiales de homicidios.
En febrero de 2026, el entonces ministro de Salud Luis Quiroz Avilés sostuvo oficialmente que las bases podían mostrar números diferentes debido a los tiempos de registro. Según explicó el Minsa, la PNP contabiliza los hechos de manera inmediata, mientras que SINADEF incorpora información a partir de los certificados de necropsia y otros documentos, que pueden cargarse posteriormente. “No es que las cifras del Sinadef sean falsas, se trata de dos momentos diferentes”, señaló el ministro.
El sector agregó entonces que la reactivación del CEIC buscaba precisamente unificar los criterios de registro bajo el concepto de “muertes violentas” y avanzar hacia una estadística común. El problema que deja el caso Aponte, afirman expertos, es determinar si ese proceso funciona cuando una muerte por arma de fuego permanece registrada como “ignorada” mientras la Fiscalía ya la investiga como presunto sicariato.
Mientras tanto, la ciudadanía se hace una pregunta que las instituciones todavía no han respondido de manera conjunta: si cada organismo trabaja con información distinta, ¿quién garantiza que cada muerte violenta sea correctamente identificada, conciliada y finalmente incorporada a la cifra oficial de homicidios?
Fuente: larepublica.pe
