También fueron denunciados los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, además de sus respectivos ministros de Justicia, por permitir la continuidad de María Caruajulca Quispe en la Procuraduría General del Estado.
La presidenta Keiko Fujimori fue denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación por presunta omisión al declarar la vacancia de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, pese a que esta ocultó un proceso penal activo en su contra. La denuncia, presentada el 24 de setiembre, señaló que Fujimori y su ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, tuvieron la obligación legal de cesarla y no lo hicieron.
La acusación no se limitó al actual Gobierno. También alcanzó a la expresidenta Dina Boluarte y a cuatro de sus ministros de Justicia, al expresidente José Jerí y a su ministro, y al expresidente José María Balcázar junto a su ministro. Todos ellos, según el denunciante, tuvieron en algún momento la posibilidad de cesar a Caruajulca y optaron por no hacerlo.
Caruajulca Quispe fue restituida en el cargo en mayo de 2024, mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo. El problema, sostiene la denuncia, es que meses antes de esa restitución ya enfrentaba un proceso penal formalizado por el propio Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia como agraviado directo.
La denuncia se apoyó en una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que sostiene que «el error no genera derecho». Es decir, un acto administrativo basado en información falsa u oculta no se puede dar por válido, ni siquiera si ya se ejecutó. Con ese argumento, el denunciante sostuvo que la restitución de Caruajulca en el cargo estuvo viciada desde el inicio.
El informe fiscal que reavivó el caso
La denuncia cobró fuerza a partir de un documento que ya existía dentro del propio Ministerio Público. El 16 de julio, el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana firmó un informe en el que pidió autorización para investigar penalmente a Caruajulca. El documento señala que la procuradora habría ocultado, al momento de asumir nuevamente el cargo, que tenía un juicio pendiente por el mismo delito de omisión de actos funcionales.
Ese informe permaneció en reserva hasta que el diario Expreso lo dio a conocer el 17 de setiembre. La publicación reveló que la defensora legal del Estado escondió un proceso judicial activo en su contra. A raíz de esa revelación, el Senado citó al ministro Álvarez Miranda a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que explicara la situación.
La denuncia también recordó que el 26 de enero de este año, el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra Caruajulca. Es decir, cuando el actual Gobierno asumió funciones, la procuradora ya no solo tenía un proceso abierto, sino una condena judicial en su contra que, según el denunciante, agravó su situación y reforzó la obligación de cesarla.
