La corrupción continúa siendo un flagelo en la región Ica, donde la Contraloría General de La República realizó exhaustivas acciones de control en diversos procesos de contrataciones (servicios, compras, obras) de años anteriores y se pudo revelar que, en el primer semestre del 2024, se ha detectado un perjuicio económico por encima de los 8 millones de soles y decenas de funcionarios públicos que podrían ser encarcelados.
Ayer, en conferencia de prensa, el gerente regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva, informó que en la gestión de los seis primeros meses (enero a junio) del año actual, la Contraloría emitió hasta 673 informes; de los cuales 236 son servicios de control posterior. Se hizo auditoría a un monto de 31 millones 940 mil soles, lográndose detectar pérdidas económicas en las entidades públicas de la región iqueña hasta en 8 millones 126 mil 243 soles.
Se intervino en municipios provinciales y distritales, direcciones regionales, universidad y otros, donde se hallaron 184 funcionarios y servidores públicos presuntos responsables, de los cuales 33 tienen abierto un proceso sancionador administrativo y 67 con presunta responsabilidad penal, pudiendo afrontar años de cárcel por presuntos actos corruptos. También hay presunta responsabilidad civil y administrativa.
“Una auditoria es un servicio de control posterior, nosotros ponemos informe de gestión del 2024, pero esos informes constituyen casos del año 2021, 2022, 2023, entonces este año en el primer semestre lo que hacemos son intervenciones de carácter simultáneo, porque existe la posibilidad que los funcionarios puedan corregir algunos aspectos, pero hablamos de delitos donde la Contraloría ya no tiene competencia, esos aspectos tienen que ser evaluados por el Ministerio Público, todos los informes van a la Fiscalía, y en algún momento los auditores van a ser llamados para sustentar sus informes”, declaró Quiroga Paiva.
En la actividad se dio a conocer los casos emblemáticos, destaca el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 024-2024-2-0409-AC, en el que se reveló la aprobación y pago irregular de retribución económica por responsabilidad directa a las autoridades, directores generales, funcionarios y administrativos con buen rendimiento y productividad en la Universidad San Luis Gonzaga, durante el ejercicio fiscal 2019, lo cual generó un perjuicio económico a la entidad de por más de 3 millones 362 mil soles.
Otro caso relevante se basa en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 033-2024-2-0409-AC, en el que se detectó que funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Pisco (MPP), desde el año 2019 hasta el 2022, elaboraron y aprobaron irregularmente ordenanzas que otorgaron descuentos para el pago de deudas no tributarias por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito de tipo leve, grave y muy grave. Se generó un perjuicio económico de S/ 977,244.
Además de los servicios de control posterior, la Contraloría General realizó 459 servicios de control simultáneo en este primer semestre del año. En este tipo de control destacan cuatro informes en los que se advirtió que durante el 2021 y 2022 se adquirió equipamiento médico y se entregó un total de 71 bienes, valorizados por encima de los S/ 2 millones 218 mil, a los centros de salud de La Tinguiña, Guadalupe, La Palma y Santiago. Sin embargo, no se acreditó la existencia física de 17 equipos o accesorios en los mencionados establecimientos ni en el almacén de la Red de Salud Ica. Gran parte de estos equipos no se encuentran operativos.
Al finalizar la conferencia, Quiroga Paiva enfatizó que se tiene una agenda de control en Ica 2024, para el segundo semestre del 2024, y advirtió que la Gerencia Regional de Control de Ica ha programado realizar 266 servicios de control, de los cuales 43 serán de tipo posterior (3 auditorías de cumplimiento y 40 informes de control específico) y 138 de tipo simultáneo. Estas acciones de control detectarían y revelarían más millones de soles perdidos en la región Ica por el delito de corrupción.
Como resultado del control gubernamental se identificaron 1605 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan. Sin embargo, 208 situaciones adversas (13 %) no han sido corregidas, en 1088 (68 %) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 309 (19 %) fueron resueltas o están en proceso.
Fuente: Correo
