A propósito de la llegada a Marcona de un equipo de auditores de la Contraloría General, fuentes cercanas a la municipalidad distrital han revelado información preocupante sobre presuntas irregularidades en la gestión del alcalde Joel Rosales Pacheco. Dicha información ha sido trasladada a la Comisión de Control para su evaluación y eventual identificación de los responsables del presunto daño económico al Estado.
Entre los hechos más graves se menciona la adquisición de dos camionetas para el Serenazgo el 26 de septiembre de 2023. Estas unidades, que costaron 378 mil soles y fueron compradas al Consorcio Seguridad Ciudadana Marcona, no cumplirían con los términos de referencia de la licitación. Carecen de circulinas, no son del año especificado, presentan sobrepintura y se encuentran almacenadas sin uso en el taller de maestranza de la municipalidad. La falta de patrullaje ha permitido que la delincuencia continúe afectando a empresarios, emprendedores y amas de casa en la ciudad.
Otro hecho que ha generado alarma es la compra de un camión grúa para el área de Electricidad (CECEN) por un valor de 1 millón 970 mil soles, el 20 de octubre de 2023. A pesar de la inversión, este camión también incumple los términos de referencia, ya que le falta la escalera telescópica, y permanece sin utilizar en los depósitos municipales. Esta situación ha contribuido a la falta de mantenimiento de las redes eléctricas, lo que ha causado frecuentes cortes de energía.
La situación no mejora con la compra de dos motos lineales para la oficina de SEMAPAN, valoradas en 20 mil soles cada una, las cuales, al igual que los otros vehículos, permanecen sin utilizar. Además, la adquisición de más de mil canastas navideñas en diciembre de 2023 también ha generado sospechas. De acuerdo con las denuncias, sólo una parte fue entregada a la población, mientras que entre 200 y 300 canastas quedaron almacenadas en la municipalidad, con algunos alimentos en mal estado.
Otro tema que merece atención es la presunta pérdida de un incentivo económico estatal debido a que la municipalidad reportó al Ministerio de Economía y Finanzas menores ingresos recaudados, a pesar de que la Oficina de Rentas cumplió con su meta. Esta acción habría privado a la comuna de un importante beneficio económico, en perjuicio de los recursos municipales.
Por último, se ha denunciado que varios gerentes municipales, entre ellos el de Medio Ambiente, Administración y Asesoría Legal, no cumplirían con el perfil profesional requerido, según lo establece el Decreto Supremo 053-2022-PCM. La falta de experiencia en gestión municipal mínima de tres años y de experiencia general de cinco años, pondría en entredicho la idoneidad de estos funcionarios para gestionar fondos públicos.
En cuanto a las obras, el boulevard “Micaela Bastidas” habría sido sobrevalorado en varios ítems. Un ejemplo concreto es el pago de 110 soles por metro cúbico de piedra chancada, cuando el precio de mercado es de 80 soles. Este tipo de irregularidades podrían estar generando pérdidas significativas para las arcas públicas.
Es fundamental que la Contraloría actúe con celeridad y profundidad en sus investigaciones para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables si se confirman las denuncias.
