El Gobierno peruano, liderado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia Juan José Santiváñez, ha tomado una decisión importante al aprobar por unanimidad la construcción y reapertura de un nuevo penal en la isla El Frontón. Esta medida busca abordar la problemática del hacinamiento carcelario que afecta al país.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y la participación de diversos sectores, contempla el desarrollo de una infraestructura moderna. Entre las características resaltantes se encuentran sistemas de energía renovable, una planta desalinizadora y una planta de tratamiento de aguas, así como un muelle logístico que facilitará las operaciones del nuevo establecimiento penitenciario.
El inicio de la demolición de la infraestructura existente está previsto para enero de 2026, con la colocación de la primera piedra programada para mayo o julio del mismo año. La duración de la etapa constructiva se estima entre ocho y diez meses, con un costo aproximado de 500 millones de soles. Se están considerando dos modalidades para ejecutar la obra: mediante obras por impuestos o a través de contratación pública, lo que permitiría que el proyecto comience entre julio de 2026 y mediados de 2027.
A pesar de que la construcción del nuevo penal no resolverá de forma definitiva el problema del hacinamiento en el sistema penitenciario, se enmarca dentro de un conjunto más amplio de iniciativas que buscan mejorar las condiciones de las prisiones en el país. También se ha informado que el Ministerio de Defensa colaborará con la demolición y limpieza del área afectada por la obra.
No obstante, la aprobación del proyecto no ha estado exenta de críticas. El alcalde de La Punta ha expresado su rechazo a la medida, citando preocupaciones sobre la seguridad y el impacto ambiental que podría generar la apertura de un nuevo penal en la región. Además, se hace hincapié en que existen cinco cárceles inconclusas que requieren atención urgente, lo que representa un desafío considerable para el sistema penitenciario nacional.
En resumen, la decisión del Gobierno responde a una necesidad crítica, pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de esta solución en el contexto más amplio del sistema penal peruano.
Fuente: La Republica
