El alcalde provincial de Nasca, William Bravo Quispe, y dos altos funcionarios del Ministerio de Cultura están siendo investigados por reducir irregularmente el área de protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993. La medida habría favorecido intereses mineros y el tráfico de terrenos, según la Fiscalía.
La investigación, a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, también incluye a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, y a Johny Isla Cuadrado, encargado del Sistema de Gestión Nasca-Palpa. Se les acusa de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes y abuso de autoridad.
Reducción irregular y desprotección de patrimonio
Según el fiscal provincial José Meléndez Curasi, el área protegida original abarcaba 5,633.47 km², pero una resolución viceministerial (N° 000128-2025) la redujo a solo 3,235 km², dejando sin resguardo más de 2,000 km² con al menos 100 sitios arqueológicos de interés nacional. Ello se dejó sin efecto días después.
La Fiscalía sostiene que el procedimiento no cumplió con los requisitos legales y habría sido impulsado para beneficiar a empresas mineras y traficantes de tierras. El plazo inicial de la investigación es de 60 días, pero podría ampliarse.
Investigan incluso al ministro de Cultura
El caso ha escalado a nivel nacional: la Fiscalía Superior Penal de Lima también investiga a otros funcionarios del Ministerio de Cultura, incluido el titular Fabricio Valencia Gibaja, por posibles delitos contra el patrimonio cultural.
Además, debido a la complejidad del caso, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Ica indaga un presunto cohecho activo (soborno) en el proceso.
