La Fiscalía de la Nación ha decidido archivar la investigación por presunto delito de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. La resolución, firmada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, establece que no hay mérito suficiente para formular una acusación constitucional contra Boluarte, así como contra otros exfuncionarios implicados.
En un comunicado difundido a través de su cuenta en X, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó: “Poco a poco la justicia se abre paso”. Adrianzén calificó la denuncia como “un despropósito” y subrayó que la decisión de la Fiscalía confirma su postura de que no existían fundamentos para la acusación de genocidio.
El archivo de la denuncia también afecta a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Esta decisión se enmarca dentro de la investigación más amplia sobre las muertes durante las protestas que sacudieron diversas regiones del país.
Cabe recordar que la anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había dispuesto iniciar una investigación preliminar contra Boluarte por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
