La Cámara de Diputados de Chile aprobó una reforma a la Ley de Migraciones que busca fortalecer las regulaciones sobre el ingreso, la estadía y la nacionalización de los migrantes. El proyecto, que ahora deberá ser revisado por el Senado, modifica 56 artículos de la legislación vigente e introduce nuevas causales de expulsión para aquellos que cometan infracciones como ruidos molestos, comercio ambulante o violaciones de tránsito, con el objetivo de mejorar la gestión migratoria y promover una convivencia más armónica.
La reforma amplía las causales por las que el Servicio Nacional de Migraciones puede negar la entrada a extranjeros, incorporando la condena por violencia intrafamiliar, ya sea en Chile o en el país de origen, entre las prohibiciones. Además, la iniciativa aumenta el período de residencia requerido para obtener la nacionalidad chilena, de cinco a diez años, y establece que esta nacionalización podrá ser revocada si el beneficiario es condenado por un delito o comete faltas reiteradas.
Entre las nuevas causales de expulsión se encuentran delitos graves como la explotación sexual, el sicariato, el uso y porte ilegal de armas, así como infracciones como el comercio ambulante, la emisión de ruidos molestos, arrojar objetos desde un vehículo o estacionar en lugares no permitidos. También se incluye el impedimento del trabajo de inspectores municipales, el porte de licencias de conducir vencidas y otras faltas similares.
De ser aprobada en el Senado, la reforma exigirá la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados en el año anterior por tres o más delitos contemplados en el Código Penal, o por seis o más infracciones dictadas por juzgados de policía local. Actualmente, el Servicio Nacional de Migraciones debe evaluar la gravedad del delito, el historial penal, el tiempo de residencia regular en el país y las redes familiares antes de tomar una decisión sobre la expulsión de un extranjero.
