La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Williana Mendiza Rojas, una joven de 18 años de nacionalidad venezolana, acusada de liderar una red de extorsión dirigida a profesores de la institución educativa Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de El Agustino. El objetivo del plan era forzar la aprobación y el pase de año de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria mediante amenazas de muerte.
Modus Operandi y Vinculación con el Colegio
Mendiza, quien es exalumna del plantel, aprovechó su conocimiento interno de la plana docente y del alumnado para orquestar las extorsiones. Según las investigaciones, enviaba mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, firmados supuestamente por una banda criminal. En uno de los textos se leía: «Somos una banda del pino… esperamos comprendas, porque si no quieres un ‘pepazo’ en la cabeza, alinéate con la ayuda para todos los salones de 3 y 4 que enseñas… Sabemos los pasos desde donde caminas hasta tu casa o fácil saliendo de tu chamba te metemos la bala».
Operativo Policial y Confesión
La detención se concretó durante un operativo en un mercado del distrito de Ate, donde la presunta extorsionista fue intervenida. En su poder se encontró el celular y el chip telefónico utilizados para enviar las amenazas. Estos elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, detalló que Mendiza confesó su participación y reveló que colaboraba con la banda criminal conocida como «Los Chuckys». La joven, con residencia en el Perú desde hace siete años, habría utilizado su vínculo previo con el colegio para dar verosimilitud a las amenazas.
Impacto en la Comunidad Educativa
Tres docentes formalizaron denuncias ante la PNP. Los mensajes extorsivos, que incluían la promesa de un «pepazo» (disparo) si no se accedía a las exigencias, generaron tal nivel de terror que una profesora con 30 años de trayectoria y a dos años de su jubilación optó por renunciar a su cargo, por temor a poner en riesgo su vida.
Las autoridades destacan que el caso expone la vulnerabilidad de los centros educativos ante infiltraciones criminales y resaltan la importancia de la coordinación técnica con organismos como el Osiptel para el rastreo de comunicaciones ilícitas. La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red y posibles cómplices.
