El Estado peruano ha asignado solo S/ 0.07 por persona víctima para la lucha contra la trata de personas en el año 2024. Esta cifra, alarmantemente baja, refleja la falta de compromiso y recursos frente a un problema que ha visto un aumento significativo en los últimos años, afectando principalmente a mujeres y menores de edad que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La limitada asignación presupuestal impede llevar a cabo acciones efectivas en la prevención, protección, atención y reparación integral de las víctimas. Esto perpetúa una situación de desamparo y contribuye a la impunidad de las redes criminales que operan en el país. Diversas organizaciones sociales han denunciado esta inacción del Estado, evidenciando que sin una inversión adecuada y programas orientados a resultados, la lucha contra la trata de personas en Perú se vuelve insuficiente y poco efectiva.
El problema de la trata de personas es particularmente grave en regiones como Madre de Dios, donde la minería ilegal incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones. En estas áreas, se generan conexiones peligrosas entre economías ilícitas y redes de trata que operan con escasa vigilancia estatal y una justicia poco efectiva. La combinación de factores sociales, económicos y la falta de presencia del Estado ha creado un caldo de cultivo para el crecimiento de esta industria delictiva.
Las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos enfatizan que la carencia de recursos limita las operaciones cruciales como rescates, detenciones e investigaciones que son esenciales para proteger a las víctimas. Esta falta de apoyo estatal no solo dificulta el acceso a la justicia, sino que también deja a miles de personas desprotegidas y sin las herramientas necesarias para luchar por sus derechos.
Sin una respuesta adecuada y un compromiso firme por parte del gobierno para abordar esta problemática, es probable que la trata de personas siga siendo un asunto crónico y estructural en Perú. Es fundamental que se redirijan los esfuerzos y recursos para garantizar la protección de las víctimas y el desmantelamiento de las redes criminales que perpetúan este delito.
Fuente: Infobae
