El Despacho Presidencial ha dado luz verde a la solicitud de defensa y asesoría legal del presidente José Jerí, quien se encuentra bajo investigación por el caso denominado Chifagate. Esta resolución, emitida por Luis Solórzano Yabar, subsecretario general de la entidad, genera un debate sobre la legalidad y justificación de utilizar fondos públicos para la defensa de un mandatario ante posibles delitos como el patrocinio ilegal y el tráfico de influencias agravado.
La base legal para este beneficio se encuentra en el artículo 154 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que establece el derecho de los servidores civiles a recibir defensa legal con cargo a los recursos de la entidad, en función de los actos o decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones. Esta norma permite que, aun si el funcionario ya no está vinculado a la entidad, tenga derecho a esta defensa si es citado como denunciado o investigado.
Es importante destacar que, en caso de que el proceso concluya con una responsabilidad demostrada, el beneficiario deberá reembolsar los costos de la defensa y asesoría. Asimismo, la resolución pertinente estipula que el financiamiento para estos servicios no deberá exigir recursos adicionales al tesoro público y debe ajustarse a la ley de contrataciones del Estado.
Este panorama plantea preguntas sobre la ética en la gestión de recursos públicos y la transparencia en el uso de los mismos para la defensa de altos funcionarios involucrados en investigaciones legales. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual del presidente y el uso del presupuesto estatal para su defensa?
Fuente: Rpp.pe
