La relación entre las celebridades del pop global y la administración de Donald Trump vuelve a entrar en un escenario de alta fricción. La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande expresó públicamente su rechazo luego de que la Casa Blanca utilizara su tema ‘Bye’ (lanzado en 2024) para musicalizar un video oficial que retrataba los arrestos de inmigrantes por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ante el enérgico reclamo de la artista, quien calificó la propaganda como un «sinsentido abominable, cruel y bárbaro», el gobierno estadounidense procedió a retirar la publicación de sus plataformas digitales.
La respuesta de la Casa Blanca no tardó en llegar a través de su portavoz, Abigail Jackson, quien replicó utilizando una referencia al éxito de Grande ‘One Last Time’: “Lo diremos por última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”. Este cruce de declaraciones se suma a los constantes pronunciamientos políticos de la protagonista de ‘Wicked’, quien ya en septiembre de 2025 había interpelado directamente a los votantes del mandatario republicano respecto al impacto social de sus medidas migratorias y de género. Como contraofensiva a la actual coyuntura, la nominada al Óscar anunció además el lanzamiento de ‘Brighter Days Ahead’, una fundación destinada a proveer recursos y espacios seguros para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El incidente reabre un complejo debate legal y ético sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual y el activismo político en la industria del entretenimiento. Mientras que los equipos gubernamentales suelen ampararse en licencias de uso general en plataformas para difundir sus contenidos informativos y de campaña, los artistas defienden su derecho a disociar su propiedad creativa de narrativas ideológicas o gubernamentales que confrontan directamente con sus valores personales y filantrópicos.
Fuente: La República
