El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ejecutaron un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja, Lima. Esta operación se enmarca en la investigación conocida como «Ícaro», que indaga sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y cobros indebidos para ascensos dentro de la Policía Nacional, así como favorecimiento ilegal a la minera El Dorado y manipulación de pruebas.
El allanamiento, que se realizó sin incidentes, se extendió por varias horas e involucró la participación de fiscales anticorrupción y agentes policiacos. A pesar de la seriedad de las imputaciones, el abogado de Nicanor Boluarte calificó la medida como un «abuso» y argumentó que carece de fundamento debido a la ausencia de una citación previa. Además, negó cualquier vínculo entre su defendido, la minera mencionada o el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, quien también está siendo investigado en este caso.
Este suceso se produce en un contexto judicial complicado, ya que Nicanor Boluarte había sido sometido a prisión preventiva en relacion con otro proceso denominado «Waykis en la Sombra», aunque este nuevo caso se maneja de manera independiente. Ministros cercanos a la presidenta Boluarte han manifestado su apoyo a Nicanor y han criticado a la Fiscalía, acusándola de abuso de poder en la conducción del proceso.
En medio de esta situación, Nicanor Boluarte se ha declarado víctima de una persecución política, lo que añade un matiz adicional a un caso que ya de por sí resulta complejo y controvertido. Las serias acusaciones que enfrenta, junto con la presión política que lo rodea, están atrayendo la atención de la opinión pública y de diferentes sectores de la política peruana.
La investigación «Ícaro» se encuentra aún en desarrollo, y es probable que surjan nuevos elementos en los próximos días. Las repercusiones de estos acontecimientos podrían tener un impacto significativo no solo en la carrera política de Nicanor Boluarte, sino también en la administración de su hermana, la presidenta Dina Boluarte.
En resumen, este allanamiento refuerza la preocupación sobre la corrupción en el ámbito estatal y la percepción de una posible manipulación de procesos judiciales, algo que podría tener consecuencias duraderas en el escenario político del Perú.
Fuente: La Republica
