El Poder Judicial de Perú ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo, en un intento por anular el juicio oral que enfrenta por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este recurso se interpuso contra la resolución del 25 de agosto dictada por la jueza Ana Osorio, que consideró improcedente el habeas corpus que buscaba anular el inicio del juicio y la etapa de juzgamiento. Además, se solicitó el nombramiento de un nuevo colegiado supremo para el caso.
La jueza Osorio, tras revisar los requisitos legales del recurso, concedió la apelación con efecto suspensivo y remitió el caso a la Primera Sala Constitucional de Lima. Esta sala deberá decidir si admite la apelación y convocar a una audiencia virtual para evaluar los argumentos presentados por la defensa que, entre otros puntos, argumenta violaciones al derecho al debido proceso.
Uno de los principales cuestionamientos que plantea la defensa de Castillo se centra en la imparcialidad del tribunal, específicamente sobre la desestimación de la recusación contra la jueza suprema Inés Tello Carbajal Chávez. Asimismo, critican la decisión de asignar un defensor público en lugar de un abogado privado, destacando que la negativa de Castillo a aceptar al defensor público es parte de una estrategia que consideran dilatoria, aunque la jueza Osorio ha asegurado que no afecta su derecho a una defensa eficaz.
Mientras tanto, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada está pidiendo una condena de 34 años de prisión y una inhabilitación de tres años y seis meses para Castillo. Las acusaciones incluyen rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, que afectan tanto al Estado como a la sociedad peruana.
Este desarrollo añade un nuevo capítulo al complejo proceso judicial que enfrenta el exmandatario, cuyo futuro político y personal sigue siendo objeto de intensa atención pública y mediática.
Fuente: RPP
