La disposición fue oficializada este martes 3 de noviembre mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. La medida tendrá una duración de 60 días calendario y permitirá ejecutar acciones urgentes para reducir los riesgos y atender posibles emergencias.
¿Qué regiones están comprendidas en el estado de emergencia?
La declaratoria alcanza a determinados distritos de las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.
Es importante precisar que la medida no incluye a todos los distritos de estas jurisdicciones. La relación específica de las localidades comprendidas se encuentra detallada en el anexo del decreto supremo.
La decisión se sustenta en los informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Comisión Multisectorial ENFEN.
¿Qué acciones deberán desarrollar las autoridades?
Durante los 60 días de vigencia de la declaratoria, los gobiernos regionales y las municipalidades involucradas deberán ejecutar trabajos de prevención y reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación ante posibles afectaciones ocasionadas por las lluvias.
Estas labores contarán con el acompañamiento técnico y la supervisión del INDECI. También participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.
El decreto establece que las intervenciones deberán estar directamente relacionadas con los riesgos identificados y podrán ajustarse de acuerdo con las condiciones que se presenten en cada localidad, siempre que cuenten con el sustento técnico correspondiente.
Respecto al financiamiento, las entidades responsables deberán asumir los gastos con cargo a sus propios presupuestos institucionales, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.
Con esta disposición, el Ejecutivo busca reforzar la preparación de las autoridades y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a las precipitaciones previstas durante el periodo asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027.
