La reciente aprobación, en segunda votación, del proyecto de ley que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal ha generado intensas reacciones tanto en el Congreso como en diversos sectores de la sociedad civil. Con 14 votos a favor y 9 en contra, esta norma, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, ha suscitado críticas por parte de representantes de derechos humanos que consideran que su redacción puede ser utilizada para archivar casos de violaciones a derechos fundamentales.
La ley, que crea un nuevo capítulo dedicado a estos delitos en el Código Penal, define que aquellos que cometan actos de lesa humanidad podrán enfrentarse a penas que van desde 30 años hasta cadena perpetua. Sin embargo, el asesoramiento legal y las voces en contra sostienen que la norma podría beneficiar a los responsables de crímenes y facilitar la impunidad, llevando a un retroceso en la lucha por justicia para las víctimas de tales actos.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre los requisitos que esta ley añade, los cuales, sostienen, no están presentes en el Estatuto de Roma, creando posibles vacíos que podrían ser aprovechados en casos antiguos. La congresista Ruth Luque, junto con varios actores de la sociedad civil, ha hecho un llamado al Ejecutivo para que observe esta ley antes de su promulgación, señalando su potencial para desconfigurar el sentido original de la justicia y el reconocimiento de derechos humanos en el país frente a un legado de violencia y violaciones sistemáticas.
A este debate se suma la incertidumbre sobre el futuro de varios casos emblemáticos, ya que se estima que la norma podría permitir revisar 150 condenas y más de 600 procesos que se encuentran en trámite, lo que ha llevado a un aumento de las tensiones políticas en el recinto legislativo y en la esfera pública. El país está expectante mientras se define el siguiente paso en este crucial tema de derechos humanos.
Fuente: Larepublica.pe
