El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes un paquete de medidas de gran alcance para aumentar el control sobre las plataformas digitales, con el objetivo declarado de convertirlas en un «espacio saludable». La iniciativa más destacada es la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, una medida que obligará a las plataformas a implementar «barreras reales y efectivas» para impedir su entrada.
En un discurso firme, Sánchez cargó contra el entorno digital actual, al que calificó de peligroso para la infancia. «Actualmente, nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más», afirmó con contundencia.
La ofensiva regulatoria, cuyo decreto-ley aprobará el Consejo de Ministros la próxima semana, responde a una línea ya anunciada por el presidente en el Foro de Davos de 2024. Sin embargo, este martes se concretaron las acciones, que buscan acabar con lo que el Ejecutivo considera una «impunidad» de las grandes tecnológicas.
Responsabilidad legal para ejecutivos y nuevos delitos digitales
Uno de los ejes centrales es la responsabilidad legal directa para los directivos de estas compañías por las infracciones que se cometan en sus plataformas. «Serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables», aseguró Sánchez.
Además, el Gobierno tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. En paralelo, se ha abierto una línea de trabajo con la Fiscalía General del Estado para investigar las posibles infracciones legales de plataformas específicas, citando expresamente a Grok, TikTok e Instagram.
«Huella de odio» y coalición europea
La batería de medidas incluye también la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad diseñado para establecer lo que Sánchez denominó una «huella de odio y polarización», con el fin de medir el impacto y origen de este tipo de discursos en línea.
En el ámbito internacional, España refuerza su posición. Sánchez informó de que el país se ha unido a la «Coalición de los Dispuestos Digitales», una alianza con otros cinco estados europeos –cuyos nombres no detalló– para impulsar de manera coordinada una regulación «más estricta, rápida y eficaz» de las plataformas sociales en el seno de la Unión Europea.
Con estas iniciativas, el Gobierno español se alinea con la creciente presión regulatoria en Europa y Estados Unidos sobre el poder de las Big Tech, centrándose especialmente en la protección de los menores y la lucha contra la desinformación y los contenidos nocivos. La polémica sobre el equilibrio entre seguridad digital y libertades civiles está servida.
