La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ica y Cañete logró que el Poder Judicial dictara siete meses de prisión preventiva en contra de Guillermo Jerson Huamantoma Huamani. El investigado está implicado en el presunto delito de violencia contra la autoridad agravada, por haber realizado amenazas de atentar contra la vida de una fiscal provincial y su familia, con el objetivo de impedir el ejercicio de sus funciones.
La investigación, a cargo de personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ica y bajo la conducción jurídica de la fiscal adjunta Karin Olivia Oré Huayllani, revela que Huamantoma habría actuado en complicidad y coordinación con otras dos personas, cuyas identidades se están precisando. El plan consistiría en colocar un artefacto explosivo frente a las instalaciones del Ministerio Público en Parcona, acompañado de una nota con contenido amenazante dirigida específicamente a la magistrada.
Detención y prontuario
Guillermo Huamantoma fue detenido el pasado 24 de noviembre junto a Raúl Alex Janampa Ninahuamán, alias “Saposito”. Según reportes policiales, ambos investigados poseen un amplio prontuario policial y contaban con una orden de detención preliminar por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad, extorsión y otros ilícitos conexos.
Las primeras indagaciones señalan que los sujetos habrían participado en la detonación de explosivos en una vivienda colindante con la Fiscalía Penal de Parcona. Este acto tendría como finalidad amedrentar a la fiscal y reforzar las amenazas previamente enviadas mediante un panfleto apócrifo.
Medida cautelar y competencia especializada
La medida de prisión preventiva, dictada por el órgano jurisdiccional, tiene como finalidad asegurar la presencia del investigado durante todas las etapas del proceso penal, así como evitar la obstaculización de las investigaciones que se encuentran en curso.
Cabe destacar que este caso es atendido por el subsistema especializado que opera en Ica y Cañete, el cual es competente para conocer delitos cometidos en agravio de operadores de justicia, considerados por la normatividad internacional como defensores de derechos humanos.
