La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de Perú ha aprobado, por mayoría, el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti. La decisión fue tomada con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, y se basa en el presunto delito de concusión, vinculado a la irregular aplicación de vacunas experimentales del laboratorio chino Sinopharm durante la pandemia de covid-19.
El informe indica que Vizcarra y Mazzetti se beneficiaron indebidamente de su posición. Se les acusa de haber solicitado vacunas que estaban destinadas para el ensayo clínico y, en lugar de ello, se aplicaron a ellos mismos y a sus allegados. En el caso del expresidente, se señala que hizo la solicitud para él, su esposa y varios miembros de su entorno mientras estaba en el cargo. Mazzetti, por su parte, también utilizó su cargo para vacunarse junto a personas cercanas durante su gestión al frente del Ministerio de Salud.
El delito de concusión se refiere a la acción de un funcionario público que se aprovecha de su cargo para exigir o recibir beneficios indebidos. En este caso, la obtención de vacunas se realizó al margen del protocolo oficial para el ensayo clínico, lo que supone una violación del principio de igualdad ante la ley.
Este escándalo, conocido como «Vacunagate», ha puesto al descubierto que un total de 487 personas, incluyendo a funcionarios y allegados, se vacunaron secretamente con dosis de Sinopharm antes del inicio oficial de la vacunación en Perú. Estas revelaciones provocaron la renuncia de varios altos funcionarios y generaron tanto investigaciones congresales como judiciales.
La decisión del Congreso peruano de avanzar con el juicio político contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti refleja la preocupación por el abuso de poder y la prioridad errónea en la inmunización de ciertos funcionarios sobre el resto de la población, que ha estado a la espera de su turno en el proceso de vacunación.
Este caso no solo resalta la necesidad de rendir cuentas en la gestión pública, sino que también pone de relieve la importancia de un sistema de salud que actúe con integridad y equidad en tiempos de crisis.
Fuente: La República
