Una sensación de miedo e indignación se ha apoderado de los residentes de la urbanización Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, tras un intento de robo en la vivienda de María Alcántara, de 63 años, y el posterior hallazgo de que las casas expropiadas para el Anillo Vial Periférico se han convertido en guaridas delincuenciales.
El pasado 16 de octubre, María Alcántara se enfrentó valientemente a tres sujetos que ingresaron a su hogar, logrando retenerlos hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, su valentía se ha visto opacada por la frustración y el temor. La agraviada denunció que los agentes tardaron más de ocho horas en recepcionar su denuncia en la comisaría y que los detenidos fueron liberados apenas 72 horas después de ser puestos a disposición de las autoridades.
“10 de la mañana pasó esto, yo salí de la comisaría a las 7 de la noche. Realmente es terrible poner una denuncia y por eso es que mucha gente no lo hace y por el temor de las represalias también”, declaró Alcántara a las cámaras de Latina.
Temor latente y vigilancia delictiva
El miedo a las represalias se ha instalado en la vida de María. La mujer reveló que un familiar de uno de los implicados pasa frecuentemente por su casa, lo que aumenta su zozobra. “No solamente tengo miedo de que regresen, porque conocen, sino que tengo temor a que puedan tomar represalias contra mí, mi familia, mis hijos, mis hermanos. Realmente me siento indignada por la situación”, lamentó.
Durante una intervención policial documentada por un canal de televisión, Alcántara identificó a uno de los detenidos como un sujeto conocido entre los vecinos como “el vigilante”. “Siempre lo vemos ahí. Siempre está parado ahí vigilando quiénes entramos, a qué hora salimos, por eso siempre estamos al tanto”, explicó, evidenciando un patrón de inteligencia delictiva que vigila los movimientos de los residentes.
Foco crítico: Las casas expropiadas del MTC
La comunidad señala que el epicentro del incremento delictivo son las viviendas expropiadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el proyecto del Anillo Vial Periférico. Según los vecinos, estas construcciones abandonadas han sido tomadas por delincuentes que las usan como base para planificar asaltos.
La crítica situación de inseguridad no es aislada. El pasado 19 de octubre, un comedor popular que alimenta a más de 60 personas, ubicado a pocas cuadras, fue desvalijado, perdiendo toda su inversión e insumos.
Ante la presencia mediática, personal policial realizó un operativo en una de las viviendas expropiadas. Las autoridades informaron que han coordinado con el MTC para el cierre definitivo de estos inmuebles, los cuales son usados sistemáticamente como escondites. Pese a los anuncios de la cartera ministerial sobre el sellado de estos lugares, los delincuentes continúan ingresando, incluso utilizando escaleras.
Los habitantes de Santa Elizabeth exigen soluciones permanentes y una mayor presencia policial, mientras lidian con la paradoja de que una obra pública destinada al progreso se haya convertido, en la práctica, en una amenaza para su seguridad.
