La controversia política en Perú se intensifica con la reciente demanda presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Corte Suprema. El objetivo de esta acción legal es declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular, en medio de acusaciones de conductas antidemocráticas que, según la fiscal, incluyen la vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales.
Espinoza también ha solicitado la cancelación de la inscripción del partido en el Registro de Organizaciones Políticas. Esta demanda resalta un contexto de tensiones entre fuerzas políticas y judiciales en el país, colocando el foco en las prácticas internas de Fuerza Popular, que habrían promovido ataques contra magistrados y opositores, además de excluir a miembros por disidencias políticas.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, comentó que dependerá del Poder Judicial decidir la viabilidad de la demanda. Aunque expresó que no ha encontrado razones suficientes para presentar dicha acción, Gálvez admitió no haber revisado el documento completo. Indicó que, si se encuentran fundamentos válidos, es primordial que el proceso continúe con criterios de objetividad y transparencia.
En la actualidad, el caso está bajo la consideración del Poder Judicial, donde al menos cuatro de los cinco magistrados deben aprobar la ilegalidad para que la demanda prospere. En caso contrario, ambas partes tendrán la opción de apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente, lo que podría alargar el proceso legal y mantener la incertidumbre en torno al futuro del partido.
Este desarrollo legal es el segundo de su tipo en Perú. En enero de 2025, se había declarado la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por razones análogas de conductas antidemocráticas, lo que sugiere un posible patrón en la evaluación de la legalidad de partidos políticos en el país.
La atención ahora se centra en la respuesta del Poder Judicial y en cómo manejará esta controversia, que podría tener repercusiones significativas en el entorno político peruano y en la percepción pública sobre la democratización de las instituciones.
En resumen, la demanda presentada por la fiscal de la Nación deja entrever una compleja interacción entre el sistema judicial y las fuerzas políticas, lo cual será clave para entender la dirección política futura de Perú.
Fuente: Gestión
