El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) está incurriendo en gastos millonarios por el alquiler de un local que, hasta la fecha, no puede utilizarse debido a la falta de adecuaciones básicas. A partir del 11 de agosto, el Estado está abonando aproximadamente S/11,000 diarios a la empresa contratista Miski Sociedad Anónima Cerrada, a pesar de que las obras de acondicionamiento se encuentran retrasadas.
Hasta el momento, el IRTP ha desembolsado más de S/2.5 millones sin obtener un resultado operativo. La situación ha llamado la atención de la Contraloría, que ha advertido que este escenario genera pérdidas económicas significativas y representa un perjuicio para el erario público, ya que el inmueble no se encuentra disponible para su uso.
El contrato de alquiler establece un monto total de cerca de S/12.9 millones por un periodo de 13 años, lo que implica pagos mensuales aproximados de S/300,000 y una garantía de S/717,758. Esta decisión fue firmada por la exjefa del IRTP, Ninoska Chandía, y actualmente está bajo la responsabilidad de la jefa Adriana Rodríguez. Se ha afirmado que los retrasos en la ejecución de las obras son atribuibles a la empresa contratista, lo que ha generado un clima de incertidumbre.
La Contraloría está llevando a cabo una investigación sobre posibles irregularidades en este asunto, siguiendo instrucciones del Ministerio de Cultura. El ministro Fabricio Valencia ha afirmado que se tomarán las acciones legales pertinentes si se confirman responsabilidades en este caso, lo que podría influir en la operatividad del canal estatal.
Esta situación no solo afecta la operatividad del IRTP, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión y la utilización eficiente de los recursos públicos. La acumulación de pagos por un local que no está habilitado representa un desafío significativo para la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado.
En medio de estas preocupaciones, el canal estatal continúa siendo objeto de críticas, reflejando una necesidad urgente de revisar sus procesos y priorizar el uso adecuado de los fondos públicos para el beneficio de la ciudadanía.
Fuente: La Republica
