La empresa de telecomunicaciones enfrenta una nueva medida coercitiva por parte de Sunat tras incumplir el pago de impuestos. Aseguran que sus servicios no se verán afectados pese al proceso concursal en curso y a la reciente venta a un grupo argentino.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ejecutó el embargo de diversos inmuebles pertenecientes a Telefónica del Perú, debido a una deuda tributaria acumulada que supera los S/513 millones. Así lo dio a conocer la propia empresa mediante una comunicación enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el pasado 24 de abril.
Según el documento, la medida responde al incumplimiento en el pago del Impuesto a la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales del 2009 y del periodo 2000-2001. El plazo para regularizar este compromiso venció a finales de marzo del presente año.
Este embargo se suma a una deuda previamente notificada por la Sunat en marzo, la cual ascendía a más de S/900 millones. Telefónica había solicitado en febrero acogerse a un procedimiento concursal ordinario ante Indecopi, con el fin de reorganizar sus principales compromisos financieros.
Pese a la severidad de la medida, la compañía aseguró que la operación no compromete la prestación de sus servicios ni la estabilidad del negocio. “La integridad operativa está asegurada para continuar cumpliendo con nuestras obligaciones dentro del proceso concursal”, señala el oficio firmado por Álvaro Parisi, representante bursátil alterno de la firma.
Cabe destacar que este proceso ocurre en paralelo a la reciente adquisición de Telefónica del Perú por parte de Integra Tec International Inc., una empresa argentina con experiencia en telecomunicaciones, minería y recursos naturales. Esta firma, vinculada al grupo Integra Capital, será la encargada de dirigir el proceso de reestructuración, de ser admitido por Indecopi.
En ese contexto, Richard Almerco, abogado especialista en derecho corporativo, explicó que de aceptarse la solicitud, se activaría una protección patrimonial que suspendería la ejecución de deudas hasta que los acreedores definan si optan por una reestructuración o una eventual liquidación de los activos de la empresa.
