En Ica, la falta de infraestructura adecuada en las escuelas pone en riesgo la seguridad de los estudiantes ante cualquier desastre natural. La región tiene una brecha educativa superior a 3 mil millones de soles; es decir, es el monto que hace falta invertir para tener óptimas condiciones de infraestructuras escolares. Recordemos que la falta de infraestructura adecuada no solo pone en peligro las vidas de los estudiantes, sino también su futuro, perjudicando su desarrollo académico y personal en un entorno que debería propiciar el crecimiento y aprendizaje.
“La brecha en infraestructura educativa se manifiesta en deficiencias estructurales y funcionales dentro de los centros escolares, incluyendo edificaciones con riesgo de colapso, iluminación insuficiente, temperaturas inadecuadas y falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y suministro eléctrico. Estas carencias no solo comprometen la seguridad de la comunidad educativa, sino que también inciden negativamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un entorno escolar inadecuado puede generar efectos adversos en la salud de los estudiantes, aumentar los niveles de estrés y afectar su capacidad de concentración, lo que a largo plazo impacta en su rendimiento académico y desarrollo integral”, precisó Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
En Ica, 1 de cada 4 locales educativos se encuentra en riesgo de colapso, lo que refleja una grave vulnerabilidad en el sistema educativo de la región. En específico, de un total de 809 colegios, el 27,7% (equivalente a 388 locales) presenta condiciones inseguras. Esto afecta a una parte significativa de la población estudiantil: de los 202,976 estudiantes, el 8,4% (17,114 alumnos) está directamente expuesto a riesgos de colapso. El especialista mencionó que esta situación resalta la urgencia de mejorar la infraestructura escolar para garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que el entorno educativo limite su desarrollo.
Para Saito, invertir en infraestructura no solo es una necesidad, sino una estrategia clave para reducir desigualdades y mejorar los resultados educativos. En 2024, el presupuesto destinado a educación en Ica alcanzó los S/206 millones, casi el doble de los S/108 millones que se asignaron hace 6 años. La ejecución de estos recursos mejoró notablemente, alcanzando un 76% el año pasado, lo que representa una recuperación frente al 49% del 2023. Sin embargo, la ejecución sigue siendo irregular, con un promedio del 60% en los últimos siete años, lo que implica que, anualmente, cerca de S/49 millones no son utilizados.
Infraestructura vulnerable a eventos sísmicos
Ica es una región particularmente vulnerable a sismos de gran magnitud, como lo demostró el devastador terremoto de 2007. Según el Gobierno Regional de Ica, 729 centros educativos en Chincha, Pisco e Ica sufrieron daños estructurales, lo que llevó a la suspensión de clases. Según la Contraloría, en la actualidad, en la región hay escuelas que presentan condiciones precarias, con estructuras dañadas, como paredes, techos y pisos deteriorados.
“Las estructuras no resilientes, al no estar diseñadas para soportar la magnitud de un evento sísmico, pueden colapsar o sufrir daños significativos, lo que pone en peligro la vida de los estudiantes y, a su vez, interrumpe su acceso a una educación continua. En el caso de que las escuelas se vean destruidas o dañadas, los estudiantes enfrentan una interrupción en su formación, lo que retrasa su desarrollo académico y personal”, puntualizó el especialista.
Tras el terremoto, distintos niveles de gobierno han trabajado en la reconstrucción de la región; sin embargo, aún existen colegios, iglesias y otras infraestructuras públicas que siguen siendo vulnerables. Por ejemplo, el Colegio Andrés Avelino Cáceres en Chincha y el Colegio Ezequiel Sánchez Guerrero en Ica, no fueron reconstruidos a pesar de presentar un mal estado por más de 15 años.
Saito, economista de REDES, destacó que la mejora de la reparación de infraestructura escolar es urgente para reducir las desigualdades educativas, garantizar la seguridad de los estudiantes ante sismos y asegurar que todos tengan derecho a estudiar en condiciones óptimas.
