El 4 de noviembre de 2025, varias universidades de Lima y Callao suspendieron sus actividades presenciales debido a un paro nacional de transportistas, convocado para garantizar la seguridad de estudiantes y personal administrativo ante la interrupción del transporte público por la protesta. Las instituciones educativas optaron por llevar a cabo clases virtuales o reprogramar sus actividades según la planificación establecida.
El paro, que inició a la medianoche y tuvo una duración de 24 horas, fue convocado por gremios del transporte urbano en respuesta al alarmante incremento de asesinatos y extorsiones contra conductores. Los transportistas, agrupados principalmente en organizaciones como Transportistas Unidos y Conet Perú, exigieron al Gobierno mejorar las condiciones de seguridad, lo que llevó a una significativa movilización de los trabajadores del sector.
La protesta incluyó un «apagado de motores» y movilizaciones pacíficas en diferentes puntos de Lima y Callao, provocando serias disrupciones en el servicio de transporte público en las principales avenidas de ambas ciudades. Esta situación llevó a las autoridades a coordinar con los centros educativos para garantizar la protección y vigilancia del alumnado, especialmente en áreas críticas para prevenir posibles bloqueos o actos de violencia.
A pesar de la inactividad en el sector universitario, las escuelas públicas y privadas optaron por mantener sus clases presenciales, implementando diversas medidas de seguridad y protocolos de monitoreo. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, junto con la Autoridad de Transporte Urbano, supervisó las acciones de los centros educativos para asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas.
Afortunadamente, el paro no se extendió más allá de la jornada designada, y al día siguiente las actividades del transporte regresaron a la normalidad, minimizando así el impacto en la rutina diaria de los ciudadanos.
La movilización de los transportistas ha suscitado un amplio debate sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en el sector, un asunto que sin duda continuará siendo un tema prioritario en la agenda pública.
Fuente: RPP
