El pasado [fecha], el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el traslado de 45 de los presos más peligrosos del Perú al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I, más conocido como “celdas frías”. Este movimiento se inscribe dentro del estado de emergencia declarado para Lima y Callao, con el fin de reforzar el control penitenciario y evitar que los internos continúen operando redes criminales desde el interior de las cárceles.
Entre los reclusos trasladados se encuentran líderes de organizaciones criminales, extorsionadores, asesinos y sicarios, incluyendo a “El Jorobado”, alias JJ. Estas medidas buscan responder a la crisis penitenciaria que enfrenta el país, caracterizada por la sobrepoblación y la presencia de mafias dentro de los penales.
El nuevo pabellón, ubicado en la etapa A del régimen cerrado especial del penal Ancón I, tiene capacidad para albergar hasta 150 internos de alta peligrosidad. Este espacio cuenta con rigurosas medidas de seguridad que incluyen aislamiento total, carencia de electricidad y un limitado acceso a visitas, restringido a una cada 15 días. Además, los internos permanecerán en sus celdas durante 22 horas al día, como parte de las condiciones de este régimen especial.
El traslado fue supervisado de manera presencial por el presidente José Jerí, el ministro de Justicia Walter Martínez y el director del INPE Iván Paredes Yataco, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Nacional.
Las autoridades han manifestado que la creación de estos espacios de máxima seguridad responde a la necesidad de restablecer la autoridad del Estado y controlar la criminalidad en el sistema penitenciario. En este sentido, el INPE también está implementando nuevos pabellones similares en otros penales de alta seguridad, como los de Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco), para concentrar y aislar a los internos más peligrosos.
Este esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad en las cárceles es parcialmente impulsado por la presión social y política debido a la creciente inseguridad tanto dentro como fuera de los recintos penitenciarios.
Fuente: La República
