La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha decidido suspender de manera preventiva a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un período de seis meses. Esta medida se debe a su negativa a acatar la orden de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. La JNJ considera esta negativa como una falta grave y un incumplimiento de sus funciones, y es parte de un procedimiento disciplinario que sigue su curso.
La suspensión fue solicitada por la magistrada María Teresa Cabrera, quien argumentó a favor de esta medida mientras se continúa con el proceso. Es importante destacar que Espinoza no se presentó a la audiencia que convocó la JNJ para tratar su suspensión, alegando que considera el proceso como inconstitucional, ilegal y politizado. También denunció que la JNJ incurre en delitos de abuso de autoridad, abocamiento indebido y prevaricato.
La fiscal de la Nación ha criticado abiertamente la postura del Ejecutivo respecto al Ministerio Público y ha advertido sobre las potenciales consecuencias de esta medida. Ante la suspensión, se ha establecido que un fiscal supremo decano asumirá interinamente la dirección del Ministerio Público, de acuerdo a las normas vigentes, mientras dure el proceso disciplinario o hasta que se tome una decisión final sobre el caso de Espinoza. Esta decisión podría culminar en su absolución, una suspensión definitiva o incluso su destitución.
La decisión de la JNJ ha generado un clima de tensión y protestas. Numerosos manifestantes se han congregado frente al Ministerio Público para expresar su respaldo a Delia Espinoza, denunciando que la suspensión supone un ataque a la autonomía del Ministerio Público y una evidente intervención política en la independencia judicial.
En resumen, la suspensión temporal de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su negativa a reinstaurar a Patricia Benavides, ha desatado un intercambio de acusaciones sobre la legitimidad del procedimiento, generando así profundas repercusiones en el Ministerio Público y en la percepción pública respecto a la independencia del sistema judicial en Perú.
Fuente: La República
