La situación legal de Betssy Chávez se ha vuelto más compleja tras la renuncia de su abogado, Raúl Noblecilla, quien abandonó su defensa durante el juicio oral el 13 de noviembre de 2025. Noblecilla argumentó que la falta de comunicación con su cliente, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, hacía imposible continuar con la estrategia de defensa.
El abogado no dudó en calificar la situación como una “dictadura”, señalando que el aislamiento que enfrenta Chávez ha dificultado la labor de su defensa. Esta renuncia no es un caso aislado, ya que anteriormente, Luis Roberto Barranzuela, otro defensor de Chávez, también se retiró de su caso, alegando que la falta de comunicación le impedía preparar adecuadamente la defensa que había estado desarrollando desde marzo de 2025.
Marco del Proceso Judicial
Betssy Chávez está siendo procesada en un juicio oral por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022. A pesar de las dificultades en su defensa, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema optó por no declararla reo contumaz, permitiendo que su caso no sea archivado indefinidamente y reconociendo que ha participado activamente en el proceso judicial en diversas ocasiones.
Solicitud de Prisión Preventiva
La situación de Chávez se complicó aún más tras su solicitud de asilo, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar 18 meses de prisión preventiva en su contra. La acusación se basa en la supuesta inasistencia a audiencias y en el incumplimiento de medidas procesales, como la falta de registro biométrico. El Poder Judicial comenzó a evaluar esta solicitud el mismo día de la renuncia de Noblecilla.
A pesar de haber enfrentado previamente una orden similar de prisión preventiva, Chávez había sido excarcelada gracias a un habeas corpus aceptado por el Tribunal Constitucional, por lo que la nueva solicitud añade tensión a su situación judicial.
Tensión Diplomática Internacional
Este caso no solo ha impactado en el ámbito judicial, sino que también ha derivado en un conflicto diplomático entre Perú y México. El gobierno peruano ha cuestionado el otorgamiento de asilo por parte de México, considerando que se trata de un «uso indebido» de esta figura legal. Asimismo, ha anunciado su intención de presentar el tema ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para proponer modificaciones a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Mientras tanto, el otorgamiento del salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México permanece en suspenso.
La renuncia consecutiva de abogados a la defensa de Betssy Chávez pone de manifiesto las dificultades para garantizar una defensa efectiva en medio de tales circunstancias. Por ahora, la exministra sigue recluida en la embajada mexicana enfrentando graves acusaciones que incluyen una solicitud fiscal de 25 años de prisión por los delitos de rebelión y conspiración.
Fuente: La República
