Un proyecto de ley que autoriza el uso del polígrafo en el sector laboral, tanto público como privado, ha generado debate en el Congreso. La iniciativa, denominada N.º 13106/2025-CR y presentada por el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), busca establecer límites y garantías para esta práctica, con el objetivo declarado de mejorar los procesos de contratación y fortalecer la transparencia institucional.
De acuerdo con la propuesta, el polígrafo se concibe como una herramienta «técnico-científica» de carácter complementario, preventivo y orientativo. El congresista Montoya defendió la medida ante ‘Canal del Congreso’, argumentando que servirá para «determinar si la persona está dando las informaciones que se les ha pedido de manera veraz» y que tiene como fin «buscar la transparencia y luchar contra la corrupción».
Aplicación Voluntaria y Excepciones Clave
El texto legislativo enfatiza que, en principio, la prueba se realizaría de manera voluntaria, requiriendo el «consentimiento libre, previo, expreso y por escrito» del trabajador o postulante.
Sin embargo, la iniciativa plantea escenarios específicos donde se aplicaría:
- En actividades vinculadas directamente con la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública o la protección de la vida e integridad de las personas.
- Cuando exista una sospecha razonable de que un trabajador participó en un hecho que causó un «grave perjuicio económico o material».
- De manera obligatoria para los altos cargos designados por el Congreso, como miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Ámbitos de Implementación
El proyecto detalla que, en el sector público, el polígrafo podría usarse como apoyo en procesos de selección, control de confianza, investigación interna y prevención de actos de corrupción.
En el sector privado, su uso se orientaría a áreas como seguridad, defensa, transporte, minería, banca y servicios críticos, siempre respetando la legislación laboral y de protección de datos personales.
Límites y Supervisión
La propuesta es clara al señalar que los resultados del polígrafo no pueden considerarse como medio probatorio pleno ni sustituir los procedimientos administrativos, disciplinarios o judiciales establecidos por ley. Su finalidad, se insiste, es «aportar elementos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones».
De ser aprobada en el Pleno del Congreso, la ley sería reglamentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en un plazo de 90 días. Este organismo sería el encargado de supervisar su cumplimiento, detallar el procedimiento y establecer los requisitos para la acreditación de los evaluadores.
El proyecto se encuentra actualmente en comisión, a la espera de un dictamen que permita su discusión en el hemiciclo.
