Diversas organizaciones sociales, gremiales y civiles anunciaron un Paro Cívico Nacional para el miércoles 14 de mayo, en rechazo a la ola de violencia e inseguridad que culminó con el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad. Entre los convocantes figuran el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, así como representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra.
En un comunicado difundido este 4 de mayo, las organizaciones responsabilizaron al Estado y al gobierno de Dina Boluarte por su «incapacidad frente al crimen organizado» y denunciaron la existencia de una «coalición criminal que usurpa el poder». Exigieron la derogatoria de leyes que, a su juicio, impiden combatir el sicariato y la economía ilegal, y advirtieron que, de no actuar el Congreso, promoverán una iniciativa legislativa bajo el artículo 31 de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana.
Acusan complicidad del gobierno y minimización del crimen
Los convocantes aseguraron que el «gobierno títere de Dina Boluarte» mantiene al país dominado por su «brazo legal» (el Congreso) y su «brazo armado» (sicarios y bandas criminales). Criticaron duramente al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, por minimizar los hechos ocurridos en Pataz, y lo responsabilizaron de pretender ocultar la gravedad de la situación.
Demandas centrales del paro
Entre las exigencias planteadas para la jornada de protesta destacan:
Renuncia de Dina Boluarte, a quien acusan de incapacidad para garantizar la seguridad y gobernabilidad.
Respeto al referéndum del 2018 que prohíbe la reelección de congresistas, y rechazo a cualquier intento de perpetuación en el poder.
Combate real contra las mafias que operan con impunidad, muchas veces con complicidad de efectivos policiales corruptos.
Las organizaciones subrayaron que este no es solo un paro de transportistas, sino una movilización ciudadana amplia contra la violencia, la corrupción y el desgobierno.
