El Ministerio Público del Perú ha manifestado su posición crítica respecto a la Ley de Amnistía, al señalar que no descarta la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Víctor Cubas, vocero de la institución, afirmó que aunque se rechaza esta norma, se mantiene abierta la opción de impugnarla como parte de la defensa de los derechos humanos en el país.
Durante sus declaraciones, Cubas indicó que, además de la Ley de Amnistía, también se está evaluando la posibilidad de promover una demanda contra otra norma vinculada a la prescripción de delitos de lesa humanidad. Esta declaración subraya el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos fundamentales y el respeto a las obligaciones internacionales que tiene Perú en esta materia.
En caso de que el Tribunal Constitucional acepte la demanda presentada, los jueces tendrán la facultad de rechazar la aplicación de la ley en cuestión, apoyándose en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto podría llevar a que la Ley de Amnistía quede sin efecto en su aplicación, lo que sería un hito significativo en la defensa de los derechos humanos en el país.
Es importante destacar que la interpretación errónea de las declaraciones del Ministerio Público ha llevado a confusiones. Aunque algunos hayan manifestado que la institución descartaba la opción de demandar, la realidad es que se está evaluando y manteniendo abierta esta posibilidad. Esto demuestra un enfoque proactivo por parte del Ministerio Público en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Por lo tanto, la postura del Ministerio Público refleja una preocupación constante por garantizar que los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos, reafirmando así la importancia del Estado de derecho y el compromiso con las normas internacionales de derechos humanos.
En síntesis, la noticia reafirma la vigilancia del Ministerio Público ante normativas que puedan transgredir la justicia y los derechos humanos, evidenciando su rol fundamental en la lucha por un sistema judicial justo y equitativo en el Perú.
Fuente: La República
