Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana implicada en el narcotráfico, han sido recientemente designados por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. Esta categorización surge a raíz de la violencia extrema que utilizan y su impacto en el tráfico internacional de drogas. La agrupación ha logrado consolidar su poder gracias al apoyo de carteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controlando rutas de narcotráfico que van desde Ecuador hasta América del Norte y Europa.
Desde la muerte de su líder, Jorge Luis Zambrano, en 2020, Los Choneros han mantenido su influencia bajo nuevos mandos y continúan estableciendo alianzas estratégicas con grupos criminales en México. Además del narcotráfico, se involucran en actividades ilícitas como la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas, extendiendo su presencia por varias regiones de Ecuador. Esta organización tiene la capacidad de controlar incluso pabellones penitenciarios, lo que refuerza su poder en el entorno criminal.
La situación es especialmente preocupante en la región amazónica peruana, en Condorcanqui, donde se han asentado para llevar a cabo minería ilegal y construir carreteras clandestinas. Estas acciones representan un grave riesgo para la seguridad y el bienestar de las comunidades indígenas awajún y wampis. Además, se les acusa de adoctrinar a la juventud local y desplazar a mineros artesanales, lo que les permite consolidar su control territorial a través de la intimidación y la corrupción. Esta situación dificulta las operaciones de las fuerzas de seguridad peruanas, ya que se enfrentan a posibles filtraciones internas.
La reciente designación por parte de Estados Unidos permite congelar los activos financieros de Los Choneros y aplicar persecuciones judiciales contra sus miembros. Asimismo, se ha incrementado la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador para frenar su expansión mediante significativas inversiones y operativos de seguridad. Estas acciones tienen como objetivo limitar las operaciones de la organización tanto a nivel nacional como internacional, dado el riesgo que representan para la región y las comunidades vulnerables que afectan.
Con el aumento del narcotráfico y la violencia derivada de estas organizaciones, es fundamental que las autoridades de Perú y sus aliados internacionales intensifiquen los esfuerzos para combatir esta creciente amenaza.
Fuente: La Republica
