La declaración del estado de emergencia en Trujillo, acompañada por un toque de queda desde el 15 de agosto (11:00 p.m. a 4:00 a.m.), no ha logrado el objetivo de reducir la violencia ni mejorar la seguridad ciudadana. A pesar de estas medidas, la población ha mostrado un claro desacato, incumpliendo las restricciones impuestas y manifestando su descontento con la falta de un plan efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Expertos en seguridad y autoridades locales han resaltado que las acciones tomadas son insuficientes y no abordan el problema estructural de la violencia que afecta a la región. El incremento sostenido de delitos, incluyendo atentados y extorsiones por parte de bandas criminales, ha dejado a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad. La sensación de desprotección es generalizada y los ciudadanos claman por medidas más incisivas que vayan más allá de discursos e imposiciones temporales.
Además, líderes del sector judicial han subrayado la urgente necesidad de un plan integral que coordine esfuerzos no solo de la PNP, sino de todas las instituciones del Estado. La falta de recursos efectivos para enfrentar la delincuencia ha sido otro de los puntos críticos señalados por los especialistas, quienes enfatizan que se requiere un enfoque más robusto para garantizar la seguridad en la ciudad.
Las estrategias hasta ahora implementadas parecen seguir un camino sin rumbo, evidenciado por la carencia de resultados positivos en la disminución de la criminalidad en el último mes. La población no solo exige medidas temporales, sino un cambio significativo en la forma en que se aborda la seguridad pública en Trujillo.
La realidad refleja una situación alarmante que precisa de una intervención decidida y planificada. Sin duda, el crecimiento de la violencia en Trujillo demanda acciones concretas y efectivas que restablezcan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y garanticen un entorno seguro para todos.
Fuente: La Republica
